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Alto contrasteCon licencia para evadir
ELISA WALKER ECHENIQUE Socia de Sarmiento Walker y García Abogados
Esta semana, se aprobó en general en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que elimina la multa a los vehículos que no tienen instalados el sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes en los caminos públicos, conocido como TAG.
Este proyecto basa su fundamento en informes que se oponen al sistema de concesiones públicas, porque consideran que el Estado debería hacerse cargo de esas labores. También, cuestiona la calidad de los servicios que proveen las concesionarias, señalando que no es bueno.
El proyecto de ley que busca eliminar las multas por no uso de TAG no responde a los problemas de calidad del servicio y, por el contrario, podría tensionar el sistema de concesiones.
Desde 1991, Chile cuenta con una Ley de Concesiones de Obras Públicas. Las necesidades de la ciudadanía han ido evolucionando y la regulación sobre concesiones de obras públicas también ha ido cambiando. Por ejemplo, en julio de este año entró en vigor la Ley Nº 21.750, que tiene por finalidad permitir que las concesionarias incluyan medidas de protección y seguridad en favor de los ciudadanos que usan las obras viales, de forma tal de responder a los problemas de inseguridad que se están viviendo.
Volviendo al proyecto antes mencionado, esta iniciativa cuestiona la calidad de los servicios de las concesionarias invocando un ejemplo específico (un problema de filtración de agua en una autopista en 2025), sin tener una mirada comprensiva sobre su funcionamiento. Esto, en sí mismo, es un problema, puesto que no existe un análisis profundo sobre el funcionamiento del sistema. Para mejorar el régimen de concesiones y dar una mejor atención a los usuarios, es importante identificar con claridad cuáles son los perfeccionamientos que requiere. En especial, en aquellas concesiones en las que el análisis técnico es fundamental para asegurar un funcionamiento adecuado y la mantención de la colaboración público-privada.
Por otro lado, la respuesta que esta iniciativa legal da al problema de calidad del servicio no es adecuada, pues en el fondo apunta a que debido a que existen problemas de calidad en el servicio se eliminarán las multas por falta de TAG. Si esa medida llegase a ser implementada, generaría una tensión relevante en el sistema de concesiones viales, puesto que podría ser un incentivo para no cumplir con la obligación legal de tener TAG, provocando un serio obstáculo para el cobro por el uso de las obras viales. En otras palabras, el proyecto podría ser un incentivo para la evasión.
El Ministerio de Obras Públicas ha sido claro en oponerse a esta iniciativa. En su presentación en el Congreso, indicó que menos del 3% de los usuarios incurren en infracciones por no tener TAG. Es decir, el no uso del dispositivo no es un problema generalizado. Esto da cuenta de que, en general, los usuarios son responsables con su uso.
Por lo mismo, pareciera que el proyecto de ley, más que intentar mejorar el sistema de concesiones en favor de los usuarios, lo que busca es tensionarlo.
