Concesiones de cárceles: en la hora justa

Paulo Muñoz

En medio de la crisis de seguridad pública que vive el país, resulta evidente la opinión de la ciudadanía: siete de cada diez personas creen que la delincuencia es el principal problema que debe enfrentar el Gobierno, según la encuesta Cadem.

Un paso clave en la contribución a crear mayores niveles de seguridad corresponde a la construcción y operación eficiente de las cárceles. De hecho, el subsecretario de Justicia reconoció ayer que el Gobierno contempla la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad específicamente para líderes de las bandas delictuales.

“Ante el alza de la inseguridad, retomar el ritmo de concesiones contribuiría a cerrar la brecha en el sistema carcelario, tanto en la construcción de centros como en la adjudicación de los servicios, un estímulo para que los privados participen de estas iniciativas”.

Las cifras del Ministerio de Justicia son claras e indican que los recintos ya registran una sobrepoblación: hay más 46.200 reos en ellas, aunque su capacidad es para 41.762 personas. Y en 2024, habrá 50 mil privados de libertad en los penales, según proyectó la misma cartera.

Quizás previendo este escenario, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se atrevió a implementar el modelo de concesiones para edificar y brindar servicios en el sistema penitenciario adjudicando los primeros contratos en 2001. Hoy existen ocho cárceles emplazadas por la vía de la Ley de Concesiones en Iquique, Antofagasta, La Serena, Santiago, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. La inversión asciende a US$ 355 millones a través de la licitación de estos tres grupos, proyectos que incluyeron la edificación de las obras y también algunos servicios.

Se trata de obras de interés público llevadas adelante por privados. Es decir, el Estado -que siempre cuenta con presupuestos ajustados, en especial en medio de crisis-, a través de este modelo pudo reenfocar los recursos a otras áreas prioritarias como vivienda, salud, educación. A la vez, esto fortaleció la alianza público-privada que ha dado buenos resultados en otros ámbitos, impulsando la reactivación económica y la generación de empleos.

Este tipo de infraestructura debe ser integrada a una visión coordinada de las necesidades del país, para lo cual se hace necesario contar con una agencia supra-ministerial que genere una planificación de largo plazo en el ámbito de la infraestructura que nos permita anticiparnos a la demanda y no sólo reaccionar a ella. En el caso de las cárceles, habiendo generado aprendizajes a partir de la primera generación de este tipo de concesiones, esto también permitiría que el Estado no termine pagando grandes multas por la sobrepoblación, producto de la falta de planificación y una debida coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y quien sea el responsable de la prestación de servicios licitados.

Ante este cuadro, retomar el ritmo de concesiones en esta esfera contribuiría a cerrar la brecha en el sistema carcelario. En la actualidad, la Dirección General de Concesiones del MOP mantiene en su cartera cuatro proyectos de infraestructura penitenciaria para los próximos años, siendo la más próxima Laguna del Maule que aportará con 2.320 plazas a la capacidad de la región.

Resulta interesante que el modelo se utilice tanto en la construcción de centros como en la adjudicación de los servicios, un estímulo para que los privados participen de estas iniciativas.