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Alto contraste
Hay algo profundamente errático en la forma en que el Gobierno está abordando la política tributaria. El Ministerio de Hacienda sorprendió al ingresar un proyecto de ley separado para postergar el reavalúo fiscal de propiedades no agrícolas, modificar el Fondo Común Municipal y ajustar el beneficio de contribuciones para adultos mayores. ¿La razón? El proyecto donde originalmente estaban estas medidas, la malograda “Proclase media y Pymes”, no avanzó ni un metro.
¿El resultado? Un nuevo intento de última hora, presentado con “discusión inmediata” y sin el debate técnico ni político que una materia de esta envergadura merece. Porque lo que aquí está en juego no es solo un ajuste técnico. Es algo mucho más profundo: la forma en que el Estado decide tratar a los ciudadanos que han hecho bien las cosas durante toda su vida.
Partamos por los adultos mayores. Más de 1,5 millones de personas mayores son propietarias de una vivienda. De ellas, cerca de 400 mil están obligadas a pagar contribuciones. Muchas de ellas enfrentaron alzas injustificadas tras el reavalúo de 2022. Propiedades que durante años estuvieron exentas pasaron a pagar, no por mejoras o ampliaciones, sino por decisiones administrativas del SII que distorsionaron completamente la realidad económica de sus dueños.
¿Qué sentido tiene castigar a una persona mayor con una pensión básica porque su casa, en el papel, “vale más”?
El proyecto busca ahora corregir ese desajuste: se propone que ningún adulto mayor con ingresos bajo 13,5 UTA pague más del 5% de sus ingresos en contribuciones. Valoramos el gesto. Pero también hay que decirlo con claridad: esto se pudo y se debió hacer antes. Los efectos del reavalúo se vienen denunciando hace más de un año, y fue este mismo Gobierno el que defendió los aumentos como “necesarios” mientras muchas familias simplemente no podían pagarlos.
La misma lógica se repite con el Fondo Común Municipal. Se presentan ahora cambios en los aportes de comunas como Las Condes y Lo Barnechea, elevando sus contribuciones al FCM en nombre de la equidad. Pero esta “redistribución de emergencia” también llega tarde, y sin una conversación profunda sobre las reales necesidades de las comunas receptoras y sobre la eficiencia del gasto municipal.
Una política fiscal seria no se construye en parches ni en la víspera de una elección.
Desde hace tiempo, venimos proponiendo una visión distinta: hemos planteado que la primera vivienda debe estar exenta de contribuciones. No es solo una promesa de campaña. Es una convicción profunda de cómo debe comportarse un Estado que quiere proteger a su gente.
Porque tener casa propia en Chile no puede transformarse en un problema fiscal. Porque el Estado no puede ver en cada hogar una oportunidad de recaudar, sino un compromiso que debe proteger. Y porque si de verdad queremos una política tributaria con rostro humano, esta no puede llegar entre gallos y medianoche ni como respuesta desesperada ante el fracaso legislativo.
Por eso, como parlamentaria, me tomo con seriedad esta discusión. Estudiaremos este proyecto con rigurosidad, sin apuros electorales y con una sola prioridad: proteger a quienes más lo necesitan
