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Alto contrasteDF Tax | Dedecon a cuatro años: el contrapeso tributario que aún no despega
Por Andrés Olave, abogado, socio principal en Olave Echenique Abogados | Consultores y docente de la Universidad Austral.
La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) cumplió cuatro años funcionando, cuyo mandato legislativo es el de proteger los derechos de los contribuyentes, enfocado principalmente en los más vulnerables y en las MiPyme, actuando como un contrapeso técnico y procedimental frente al Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas y Tesorería.
Sin embargo, a la luz de los resultados disponibles, la institución se ha movido más en la órbita de la orientación y la educación, que en aquella de la defensa efectiva y la corrección estructural de prácticas administrativas que es más exigente.
El balance oficial destaca más de 6.600 atenciones y 133 recursos o peticiones administrativas durante 2025. Pero la cifra, en lugar de evidenciar solidez institucional, revela justamente el problema central y es que ese volumen sugiere una capacidad de incidencia extremadamente limitada.
El punto crítico no es cuántas consultas se atendieron, sino cuántas liquidaciones, giros, bloqueos de clave, tasaciones o fiscalizaciones se corrigieron gracias a la intervención de la Dedecon.
Esa información es, por ahora, inexistente o “agregada” en una narrativa que privilegia los casos emblemáticos, pero no considera métricas más duras como el porcentaje de actos del SII rectificados por intervención directa, los montos efectivamente ahorrados por contribuyentes, el tiempo promedio de resolución de controversias, ni el número de criterios administrativos modificados a partir de informes técnicos.
Sin estas métricas, la institución corre el riesgo de evaluarse por actividad y no por impacto, un error frecuente en las agencias que carecen de autonomía suficiente para tensionar a los organismos a los que deben controlar.
La Defensoría del Contribuyente ha tenido una importante expansión institucional, extendiendo su presencia a más de 200 oficinas, lo que ha permitido acercar servicios a los contribuyentes y mejorar el acceso a orientación tributaria.
Eso sí, una defensa tributaria efectiva trasciende por su capacidad de intervenir en fiscalizaciones, giros, bloqueos de clave, tasaciones o fiscalizaciones más que por la cantidad de atenciones realizadas, siendo justo este punto donde la Defensoría aún muestra debilidades para enfrentar casos complejos frente al SII.
La institución ha adoptado un perfil principalmente pedagógico, promoviendo educación y cultura tributaria. Aunque esto resulta valioso, es insuficiente para cumplir plenamente su mandato de actuar como contrapeso institucional frente a la administración tributaria.
Algo parecido sucede con los informes técnicos elaborados por la Defensoría, los que aportan diagnósticos relevantes sobre problemas sistémicos, pero carecen de efectos vinculantes o mecanismos formales que obliguen a la autoridad a responder o implementar cambios en sus criterios administrativos.
La Dedecon requiere reformas que permitan una autonomía reforzada, potestades de requerimiento y suspensión, legitimación activa real, vinculación técnica y medición de KPIs públicos de impacto.
En conclusión, nuestro país necesita una Defensoría capaz de corregir excesos, exigir apego estricto al debido proceso, generar doctrina y establecer límites efectivos a la discrecionalidad administrativa.
