VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Mucha polémica se generó por los dichos del director del SII, en torno a que quienes reclamaban por impuesto territorial eran del 20% más rico de la población. Estas eran factualmente incorrectas, y, por lo tanto, el director se retractó de esta cifra, lo que habla muy bien de él.
En el intertanto, se multiplicaron las cartas diciendo que la situación particular del remitente no correspondía al 20% más rico, que trabajaron toda la vida, pagaron impuestos y así sucesivamente. Pero creo que estos ejemplos -por muy relevantes que sean para sus autores y su caso particular- así como la hidalga retracción del director, no se refieren al juicio más general que se transmite.
Lo que subyace a esto, a mi juicio, es una forma errada de entender la capacidad contributiva. Este es un principio del derecho tributario, en virtud del cual las personas han de contribuir a los gastos públicos en la medida que sus medios lo permitan -el corolario de esto es que quienes tienen mayores medios han de hacer una mayor contribución-. Afirmaciones como la cuña antes mencionada parecen denotar una idea de que los contribuyentes de mayores ingresos o patrimonio deberían aceptar pagar lo que les digan, y que cualquier queja es una demostración de su poco compromiso con los demás.
Esta es una lógica peligrosa, ya que, si resulta que si el universo de contribuyentes quejumbrosos sube a más del 20%, entonces ¿la crítica o las quejas deberían tener mayor validez? Y si reclamase el 0,1% más rico de los contribuyentes, ¿simplemente puede desestimarse sin más? Los derechos de los contribuyentes no tienen una graduación dependiendo de su situación económica, por lo que no importa si es solo un contribuyente el afectado por un acto que juzga ilegal o arbitrario. No tiene ningún contribuyente más ni menos derechos que otro, y desestimar a una clase de personas por sus características personales recuerda a toda clase de situaciones trágicas en la historia.
Además de lo anterior, resulta preocupante que las autoridades hayan recurrido a críticas ad-hominem. Esta es una falacia lógica muy común, mediante la cual se desestima una opinión en virtud de una cierta característica personal de su autor.
Recordemos que el ministro de Hacienda, al referirse a quejas levantadas por un conjunto de instituciones gremiales y técnicas (Fesit, IChDT, IFA, y los Colegios de Contadores y Abogados), dijo que los gremios profesionales e instituciones de estudio eran parte interesada. Bajo esa premisa deberíamos desestimar todo lo que dicen Hacienda y el SII, ya que también son partes interesadas en el pago de impuestos. La verdad es que sería del todo extraño que alguien sin ningún interés opinara sobre cosas que no le afectan, y si uno sigue esa lógica, esa opinión espontánea e imparcial -descendida de una suerte de inspiración divina e inevitablemente teórica- sería la única atendible.
No repetiré aquí los problemas de fondo levantados por diversos actores, ni los múltiples cuestionamientos al impuesto territorial -ya los han dejado bien claros los autores en sus propias declaraciones, y no hay espacio acá para hacerlo- pero de cara a un futuro en que debería propenderse a un modelo de cumplimiento cooperativo, necesariamente basado en la confianza mutua entre administración y contribuyentes, considero que debemos cuidar la retórica y evitar el quiebre de la confianza entre los involucrados.
