DF Tax | Sostenibilidad tributaria: el nuevo paradigma de la gobernanza fiscal
Por Andrea Bobadilla, directora del Grupo Tributario de Albagli Zaliasnik.
Así como en la industria se han adoptado políticas medioambientales que promueven prácticas sostenibles, también en el ámbito tributario estamos empezando a comprender que nuestras estrategias de cumplimiento y de fiscalización deben ser sostenibles en el tiempo, pasando de un modelo reactivo a uno preventivo, estratégico y colaborativo, reforzando la confianza entre el Estado y el sector privado.
Porque, pese a contar con más y mejores herramientas de control mediante sistemas informáticos y alzamientos del secreto bancario, siempre surgirán nuevas y más sofisticadas formas de evasión y de incumplimiento, razón por la cual la sostenibilidad tributaria constituye una herramienta o principio a largo plazo.
Chile, pionero en nuestro continente, ha comenzado a avanzar en esta materia, incorporando estándares que promueven no solo la recaudación fiscal, sino también la transparencia, la cooperación y el fortalecimiento de la relación entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Sin embargo, a pesar de lo amplio que puede parecer el concepto, no debería sorprendernos que su aplicación inicial en nuestro país sea gradual, limitándose en un principio exclusivamente a lo que establece la normativa tributaria. En lo concreto, este principio se ha definido a través de la circular N°6 del año 2025, materializado por las resoluciones N° 70, 71 y 72, en las que el SII precisó los procedimientos para certificar empresas como sostenibles tributariamente o suscribir acuerdos de cooperación con grupos empresariales.
Ahora bien, si miramos la experiencia comparada en países más desarrollados en esta materia, como Inglaterra, España y Australia, no debiese sorprendernos que este concepto evolucione. En esas latitudes, la sostenibilidad tributaria se ha consolidado como un verdadero principio rector, que busca superar la clásica lógica del "gato y el ratón", que durante décadas ha caracterizado la fiscalización tributaria, para dar paso a un modelo más colaborativo. En este nuevo esquema, quien colabora y suministra información veraz y oportuna no solo recibe un trato deferente por parte de la administración tributaria, sino que puede obtener un reconocimiento visible frente a terceros: un verdadero sello de transparencia, una credencial de confianza, un auténtico valor agregado.
Porque, así como nadie discute que una empresa con un litigio pendiente con el SII vale menos que una que no lo tiene, del mismo modo debiésemos entender que una empresa sostenible en términos tributarios, bien evaluada por el SII, debe tener también un mayor valor frente a inversionistas y terceros. En este nuevo paradigma, el cumplimiento tributario deja de ser únicamente un deber de pagar impuestos y pasa a ser una forma de gestión responsable y coherente de la contribución fiscal de una empresa.
Desde mi perspectiva, este escenario, aunque no exento de desafíos, especialmente considerando nuestra idiosincrasia sudamericana, representa una oportunidad concreta. Si el Estado y privados hacen bien las cosas, será posible construir relaciones más maduras, generar confianza y consolidar una cultura tributaria más alineada con los principios de integridad y desarrollo sostenible.
Como ocurre con un vehículo eléctrico, cuyos beneficios no se perciben con inmediatez, pero sí en el mediano y largo plazo a través del ahorro y la eficiencia, lo mismo aplica a la sostenibilidad tributaria. Las empresas que cumplan con altos estándares y logren posicionarse dentro del selecto grupo de compañías sostenibles fiscalmente no solo ganarán reconocimiento ante el SII, sino también ante potenciales inversionistas, nacionales o extranjeros, gracias a ese sello diferenciador que, en definitiva, se traduce en una mayor valorización.