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Alto contrasteEl caso Aysén y el próximo Gobierno: una ventana de oportunidad a 100 días
JACQUELINE PLASS Presidenta Comisión de Desarrollo y Pueblos Originarios de Sofofa. TOMÁS MONGE Integrante de la Comisión SalmonChile. IVÁN CHEUQUELAF Secretario Ejecutivo Comisión de Desarrollo y Pueblos Originarios de Sofofa
La reciente decisión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén (CRUBC) de rechazar por unanimidad las solicitudes de ECMPO marca un punto de inflexión. No se trató de un rechazo al reconocimiento de usos del borde costero de comunidades indígenas, sino de una reacción necesaria frente a una maximalista aplicación de la norma, con solicitudes cuyo tamaño y fundamentos excedían toda racionalidad.
Este caso vuelve a evidenciar un problema estructural: la Ley 20.249, siendo valiosa en su propósito, al ser redactada de una manera amplia, ha permitido interpretaciones que generan solicitudes de áreas desproporcionadas, mal acreditadas, crecientemente conflictivas, generando paralización de inversiones y tramitaciones que en promedio tardan seis años en resolverse.
“La Ley 20.249, siendo valiosa en su propósito, al ser redactada de una manera amplia, ha permitido interpretaciones que generan solicitudes desproporcionadas, mal acreditadas y crecientemente conflictivas, que paralizan inversiones”.
En Aysén, las cifras hablan por sí solas: 227.110 hectáreas solicitadas para 27 personas en ECMPO Cisnes y 393.771 hectáreas para 11 personas en Islas Huichas. La Comisión Regional concluyó que no existía proporcionalidad entre la superficie solicitada, el número de beneficiarios ni los usos efectivamente acreditados. El riesgo era evidente: una monopolización de la administración del espacio marítimo que afectaba actividades esenciales como la pesca artesanal, la acuicultura, el turismo y la infraestructura pública, entre otros. A ello se suma la debilidad de los informes de Conadi, cuya metodología y falta de evidencia empírica, fueron cuestionadas por los intervinientes en la votación.
Desde Sofofa y su Comisión de Desarrollo y Pueblos Originarios, integrada por representantes de las principales industrias del país (minería, forestal, salmonicultura, energía y gremios regionales) apuntamos a corregir aspectos legales, reglamentarios, de procedimiento y brechas institucionales, que a 17 años desde su la promulgación de esta Ley, buscan de manera propositiva y proactiva mejorar su aplicación práctica, brindando certeza tanto a las comunidades solicitantes como a terceros usuarios interesados.
Entre las inquietudes más relevantes que hemos identificado, se encuentran la necesidad urgente de acotar los tiempos de tramitación, limitar el efecto suspensivo de la norma y adoptar medidas para evitar solicitudes sucesivas en los mismos espacios. La Ley está orientada a resguardar prácticas consuetudinarias vinculadas a la subsistencia y cultura de las comunidades, lo que difiere de actividades pesqueras de gran escala, como la pesca pelágica y demersal, reguladas de manera específica por la Ley General de Pesca.
Criterios interpretativos claros y metodologías objetivas de proporcionalidad para la acreditación de usos consuetudinarios apuntan a evitar solicitudes que, por su magnitud, terminen excluyendo a terceros o bloqueando porciones relevantes del borde costero. Asimismo, la ampliación de los procesos participativos es fundamental para dotar de legitimidad y transparencia a decisiones que afectan a comunidades, pescadores, empresas y al interés público.
El caso Aysén deja una lección urgente: la Ley Lafkenche no puede seguir siendo aplicada sin ajustes. Su legitimidad depende de que se convierta en una herramienta de coexistencia razonable, no de conflicto ni de exclusión. La autoridad administrativa tiene la responsabilidad de encauzar este proceso, ya sea mediante reformas reglamentarias, instructivos interpretativos o mecanismos de participación más amplios.
Reconocer los usos ancestrales es indispensable; hacerlo con proporcionalidad, evidencia y sentido de equidad territorial, también. Solo así el borde costero podrá ser gestionado de manera sostenible, equilibrando derechos históricos con el desarrollo regional y el interés general del país.
