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Alto contrasteEl déficit que el cable chino nos obligó a reconocer
MANUEL BLANCO Socio, Blanco Abogados, Director Dpto. de Derecho Corporativo U.Finis Terrae
La polémica del cable submarino Chile-China Express nos dejó varias lecciones, pero hay una que trasciende la coyuntura: Chile no tiene los instrumentos institucionales para evaluar, de manera autónoma y técnica, si una inversión extranjera representa un riesgo para la seguridad nacional. Lo dijo el propio canciller Alberto Van Klaveren ante el Senado: “Nuestro país no dispone de un mecanismo de evaluación de inversiones que permita incorporar elementos de seguridad nacional”. Es un déficit que llevamos años ignorando.
El “cablegate” no es un accidente aislado. Chile construyó décadas de apertura comercial bajo la premisa de que el origen de la inversión era irrelevante. Esa lógica fue razonable mientras los grandes flujos de capital provenían de democracias con marcos regulatorios homologables y nadie tenía la capacidad de desafiar la hegemonía político-económica estadounidense. Sin embargo, no lo es en un mundo donde la rivalidad entre potencias convierte la infraestructura crítica, cables submarinos, redes 5G, puertos, energía, en un campo de disputa estratégica.
“Chile necesita un comité de inversiones estratégicas, independiente del Gobierno de turno, con mandato explícito para revisar proyectos”.
El problema no es China, ni tampoco Estados Unidos. El problema es encontrar la fórmula para que Chile pueda analizar y decidir por sí y ante sí la factibilidad de estas inversiones, sin riesgo de represalias de las potencias en disputa de la referida hegemonía.
La solución existe. El CFIUS de EEUU, los mecanismos nacionales coordinados bajo el Investment Screening Regulation europeo y el Foreign Investment Review Board australiano son modelos distintos con un denominador común: revisión técnica e independiente de inversiones que puedan afectar activos estratégicos, sin renunciar a la apertura ni discriminar por nacionalidad. Australia es especialmente instructiva: una oficina apolítica dependiente de Hacienda que evalúa con criterios técnicos si una inversión debe aceptarse, condicionarse o rechazarse. El resultado no es proteccionismo, sino certeza jurídica para todos.
Chile necesita algo equivalente: un comité de inversiones estratégicas, independiente del Gobierno de turno, con mandato explícito para revisar proyectos en telecomunicaciones, energía e infraestructura. Un mecanismo que opere ex ante, con criterios públicos, no como nueva burocracia sino como herramienta para compatibilizar apertura y seguridad nacional.
Conviene nombrar el riesgo: un mal diseño puede transformarse en “permisología”. La clave está en la transparencia, plazos razonables y revisión independiente. El cable chino procesó en 63 días lo que otros permisos demoran años, sin que nadie evaluara sus implicancias estratégicas. Eso describe un Estado no equipado para las decisiones que el siglo XXI le exige. Cerrar ese déficit no es ceder ante Washington ni darle la espalda a Beijing. Es construir la autonomía que Chile todavía no tiene.
