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Alto contraste
Es indudable que el apagón de febrero de este año y la crisis tarifaria relacionada con los errores de la autoridad en la definición de los cargos de generación y transmisión, han dejado en un profundo cuestionamiento la institucionalidad del sector eléctrico.
Sin embargo, es un hecho indiscutible que el rostro visible para el cliente final son las empresas de distribución, y que en la boleta ni siquiera se distingue que la cadena de suministro eléctrico está conformada por tres segmentos bien definidos por la autoridad. En esta crisis tarifaria, pagan justos por pecadores.
“Es un hecho indiscutible que el rostro visible para el cliente final son las empresas de distribución. En esta crisis tarifaria pagan justos por pecadores”.
A pesar de lo anterior, la autoridad continúa pregonando, sin claudicar, sobre la necesidad de avanzar en la transición energética lo antes posible. Y es precisamente aquí donde surgen los cuestionamientos técnicos del sector, pues dicho avance debe ser responsable y, al mismo tiempo, garantizando certeza jurídica.
Por otra parte, la evidencia ha mostrado claramente lo perjudicial que resulta el hecho de retrasar los decretos tarifarios por tanto tiempo. Ya tenemos la experiencia del perjuicio para el usuario final producto de la aplicación de los mecanismos de estabilización del precio de la energía, pero aún no se transparenta con claridad y certidumbre la forma en que la autoridad resolverá el problema de haber tenido congelado los cargos de distribución por 43 meses.
Con el ferviente llamado de la autoridad para electrificar los consumos, los usuarios esperan la entrega de servicio continuo y de calidad durante las 24 horas del día. Para lograr lo anterior, resulta necesario abordar elementos trascendentales: la normativa actual no se ha modificado estructuralmente desde los años ‘80, y la regulación mediante normas técnicas no dará una solución robusta a las expectativas de los clientes.
En este contexto, no es posible olvidar que en el sistema regulatorio vigente todas las inversiones son reconocidas en la tarifa y que este mecanismos ha permitido el desarrollo eléctrico del país. No obstante, es necesario buscar fórmulas que posibiliten que las nuevas inversiones requeridas para mejorar la calidad de suministro no generen incrementos significativos en las tarifas finales.
En caso de producirse actualizaciones tarifarias derivadas de la construcción de nueva infraestructura en redes de distribución, el impacto en la cuenta final no debiese ser tan relevante en comparación con los aumentos asociados al proceso de normalización de los cargos de energía.
Si no se avanza en el corto plazo en estas materias, seguiremos postergando la transición energética para los usuarios residenciales, quienes deberán esperar hasta al menos el año 2035 para ver una baja significativa en sus cuentas finales, cruzando los dedos para que las redes de distribución no fallen.
