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Alto contraste
El impacto de la (in)seguridad sobre la economía es otra de las razones para preocuparse del crimen organizado. El FMI emitió en 2023 un informe sobre los obstáculos al crecimiento en América Latina, el cual reveló que entre los elementos con impacto negativo está la diferencia en términos de seguridad entre la región y el resto del mundo. El informe planteó que un aumento en los niveles de inseguridad regional tendría un impacto negativo en el crecimiento, tanto en costos directos como en reducción de la inversión. A nivel nacional, Clapes UC realizó un ejercicio similar, el que concluyó que el aumento de los homicidios en Chile entre “2016 y 2022 generó una pérdida económica anual equivalente a 2,59% del PIB”.
La mayoría de estos valiosos análisis toman como criterio de seguridad la tasa de homicidios, lo que se explica porque es una cifra objetiva y de fácil comparación. Sin embargo, dicho baremo no considera otros delitos que pueden dar cuenta mejor del avance del crimen organizado. Los homicidios concitan gran atención de las autoridades y de la opinión pública y por ello los grupos criminales a veces los controlan para evitar la persecución penal o, incluso, bajan cuando alguno toma el control territorial.
Por la misma razón, nuevos estudios debiesen prestar especial atención a delitos reveladores del avance del crimen organizado como lo son la extorsión y la cooptación de funcionarios públicos. El primero devela un dominio del territorio por parte de un grupo que cobra una tasa a cualquier actividad económica, lícita o ilícita, que se desarrolla en su zona. El segundo puede asegurar impunidad o la participación directa de funcionarios en actividades ilícitas. Ambas manifestaciones, además de afectar la vida de las personas que sufren cotidianamente la extorsión e impunidad, impactan en forma relevante la economía del país.
La mayoría de los análisis toman como criterio de seguridad la tasa de homicidios, pero hay otros delitos que pueden dar mejor cuenta del avance del crimen organizado y sus efectos, entre ellos la extorsión y la cooptación de funcionarios públicos.
La experiencia comparada muestra que la extorsión en ocasiones redunda en la fijación de precios de artículos de primera necesidad en zonas controladas por el crimen organizado. En otras, la víctima le traspasa a los consumidores el costo de la cuota cobrada por el grupo criminal. La cooptación de funcionarios público, por su parte, así como la actuación como banda criminal de miembros de las FFAA o Carabineros, como ocurrió en el barrio Meiggs, develan una porosidad institucional que impacta la percepción de gobernabilidad y probidad del país. Igualmente dañina es la percepción de fragilidad institucional develada con la liberación y fuga del sicario que, en el mejor escenario, evidencia una falta de rigor profesional de los funcionarios, que redunda en impunidad para un delito grave.
Para evaluar el riesgo país, las empresas calificadoras y asesores de inversiones toman en consideración, entre otros criterios, la gobernabilidad, el estado de Derecho, el avance del crimen organizado, la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionarlo, la fortaleza institucional y la probidad funcionaria. No podrá extrañar que los hechos recientes empeoren las calificaciones y visión de estos analistas, lo que son malas noticias para la economía del país.
