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Alto contrasteEl mapa incompleto
KEVIN COWAN Escuela Negocios UAI MAGDALENA ANINAT Escuela Negocios UAI
Mapear riesgos y definir una estrategia para enfrentarlos es tarea fundamental de los gobiernos corporativos. Sin embargo, el 2° Indice de Integridad en Gobiernos Corporativos de la UAI y FGE (Aninat, Díaz, Abarca, 2025) muestra que solo el 38% de las empresas analizadas cuenta con una alta dirección que aborda los desafíos sociales y ambientales que impactan su negocio. Un porcentaje bajo para dos temas que recurrentemente aparecen en los Reportes de Riesgos Globales que publica el World Economic Forum.
Gerentes generales y directores de empresas -abiertas y cerradas- recurrentemente plantean que el avance en estas materias depende de la convicción de los accionistas controladores, toda vez que los cambios culturales y tecnológicos requeridos tienen costos inmediatios y beneficios que sólo se materializan en el mediano plazo.
“Existe una importante correlación entre cómo se gestionan los riesgos sociales y ambientales y el costo de capital y deuda de las empresas. Dada su relevancia, no es sorprendente que los inversionistas premien a las empresas que los abordan adecuadamente en su gobernanza”.
La evidencia, sin embargo, sugiere que no todos los beneficios son de largo plazo: existe una importante correlación entre cómo se gestionan estos riesgos y el costo de capital y deuda de las empresas. Dada la relevancia de los desafíos ambientales y sociales, no es sorprendente que los inversionistas premien a las empresas que los abordan adecuadamente en su gobernanza.
De esta manera, maximizar el impacto en la oferta de financiamiento y capital, con costos razonables para las empresas, conlleva el desafío de determinar qué información reportar y con qué estándar.
El 2° Índice muestra que solo un 42% de empresas informa desempeño en materias sociales y ambientales al mercado y solo un tercio alinea sus reportes a estándares globales.
Así, junto a la convicción de los accionistas y el impulso de los gerentes, la regulación puede jugar un rol al establecer requisitos de información mínimos y homogéneos que orienten a todas las empresas respecto de cómo reportar sus principales riesgos y sus modelos de gestión.
En Chile hemos seguido una ruta regulatoria gradual de adopción de las mejores prácticas internacionales en este ámbito. Los próximos pasos en esta ruta son importante y desafiantes pues los estándares del ISSB, que entrarán a regir en un par de años, son más exigentes que la actual norma NCG 461.
Esta ruta no ha estado ausente de debate. Hay quienes ven las obligaciones de entrega de información social y ambiental solo como un costo que no genera valor. Otras posturas consideran que las empresas tienen la obligación ética de impactar positivamente en su entorno. El camino que, correctamente, ha adoptado Chile está entre ambas posiciones, estableciendo requisitos de información mínimos sobre la identifiación y gestión de los principales riesgos y desafíos de las empresas, incluyendo los sociales y ambientales.
Este marco mínimo no impide que haya empresas que decidan ir más lejos, incorporando en sus objetivos el impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Para comunicar estos objetivos a potenciales inversionistas va a ser importante que el mercado siga desarrollando y promoviendo estándares de información adecuados. Es legítimo además evaluar si el Estado debiese premiar este tipo de inversión de impacto con incentivos fiscales, condicional por cierto a claros estándares.
Finalmente, es ingenuo suponer que la buena gestión de riesgos o la inversión de impacto por sí solas serán suficientes para abordar los múltiples riesgos ambientales que hoy enfrentamos. Por ello es crucial contar además con un marco eficaz de políticas públicas que incluya estándares, impuestos e incentivos.
