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Alto contraste¿Embate a la guerra arancelaria? Nada ha cambiado,solo crece la tensión
MATÍAS PINTO Exjefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en EEUU, consultor en GreenGig.io
El reciente fallo de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, que anuló los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump, fue sorpresivo y, sin duda, significativo. Sin embargo, lejos de cerrar un capítulo en la incertidumbre generada por su política comercial, abre uno nuevo, cargado de tensión institucional y con el potencial de profundizar aún más la volatilidad en los mercados.
La sentencia tiene un alcance amplio. No solo invalida los aranceles impuestos a la mayoría de los países el “Día de la Liberación”, usando el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), sino también aquellos justificados bajo argumentos de seguridad nacional, relacionados con el narcotráfico, la inmigración y el fentanilo. Eso sí, no se incluyen los aranceles sectoriales -como los aplicados al acero, aluminio, automóviles, etc.-, que se tramitan por vías legales separadas. Este fallo fue inesperado por varias razones. Primero, porque los tribunales han sido históricamente deferentes con el Ejecutivo en la determinación de emergencias nacionales y en este caso le impone límites. Segundo, establece que el IEEPA no lo habilita para imponer aranceles, sino otras medidas restrictivas, como congelamiento de activos, bloqueos o prohibiciones.
“Quienes han seguido a Trump saben que un revés judicial no limita su voluntad política. El fallo, eso sí, debilita temporalmente su capacidad negociadora. Y queda impedido de utilizar los aranceles con fines recaudatorios sin pasar por el Congreso”.
Pero esto no termina aquí. El Gobierno apeló el fallo y solicitó la suspensión de su aplicación, la cual fue rápidamente concedida por la Corte de Apelaciones. En consecuencia, los aranceles permanecen vigentes mientras se desarrolla el proceso judicial. La administración ya advirtió que, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema, donde la actual mayoría conservadora podría inclinarse definitivamente por el Ejecutivo. Todo indica que estamos ante una larga batalla legal que, lejos de aportar certidumbre, añade un nuevo frente de conflicto, ahora no solo político sino institucional.
Cabe recordar que la administración aún dispone de herramientas legales que le permiten imponer aranceles bajo ciertas condiciones: la Sección 232 por motivos de seguridad nacional; la Sección 301 frente a prácticas comerciales desleales; y la Sección 201 por daño a la industria local. Además, el propio tribunal sugiere que, si el objetivo es enfrentar déficits comerciales, existe la Sección 122 del Trade Act, que autoriza aranceles temporales de hasta 15% por un máximo de 150 días. Esta vía podría convertirse en la nueva hoja de ruta para imponer aranceles.
Quienes han seguido a Trump saben que un revés judicial no limita su voluntad política. Ejemplo de ello es su disputa con Harvard cuando una Corte bloqueó su intento de limitar la entrada de estudiantes internacionales, el respondió con otras medidas, como recortes de fondos y la suspensión de entrevistas para otorgar visas. Todo indica que va a buscar alguna forma de mantener la presión en sus socios comerciales.
El fallo, eso sí, debilita temporalmente su capacidad negociadora. Es poco probable que vuelva a recurrir al IEEPA, al menos en el corto plazo, dado el precedente judicial. Además, queda impedido de utilizar los aranceles con fines recaudatorios sin pasar por el Congreso, un factor especialmente relevante en el contexto de la actual discusión presupuestaria. En el caso de Chile, el fallo no implica cambios sustantivos. Para sectores estratégicos como el cobre, los minerales críticos o la madera, ya está en curso una investigación bajo la Sección 232, que sigue su propio cauce. Además, no se puede ignorar que Chile estaría en incumplimiento del tratado bilateral en materia de propiedad intelectual, lo que podría servir de base para justificar la imposición de aranceles.
Los mercados ya habían internalizado el impacto de los aranceles de Trump, reflejándolo en precios y decisiones estratégicas. Por eso, lejos de aportar claridad, el conflicto judicial añade una nueva capa de incertidumbre jurídica e institucional. Más que un punto final, la trama judicial redefine las herramientas disponibles. Y mientras persista la voluntad política de utilizarlas, la incertidumbre no solo continuará, sino que se intensificará.
