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Alto contrasteEl crecimiento económico que ha experimentado Chile en las últimas décadas ha redundado en un importante aumento del consumo energético. En el caso de la industria manufacturera nacional, incluido el sector metalúrgico-metalmecánico, representa aproximadamente un 27% del consumo final eléctrico del país. Es decir, el sector es un gran demandante de energía, y por lo tanto requiere seguridad en el suministro y precios competitivos, ambos temas altamente sensibles para la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).
Lamentablemente, el país ha carecido de estrategias públicas y privadas que permitan enfrentar esta creciente demanda energética de manera eficiente. En este contexto, la energía nuclear se ha presentado como una posible fuente energética para nuestro país, sobre todo para disminuir la dependencia de factores climáticos y coyunturas internacionales que pueden afectar el suministro y precios del petróleo y el gas, entre otros.
La opción de tener o no energía nuclear en Chile ha sido una especie de posta, cuyo testimonio se ha ido traspasando de mano en mano entre los gobiernos de turno sin llegar nunca a una meta final. Creemos que esta decisión considera una evaluación que no puede seguir postergándose por mucho tiempo más, sobre todo frente a los sucesivos aplazamientos por la judicialización de proyectos eléctricos ocurridos en el último tiempo.
La energía nuclear es una opción viable técnicamente, y muy posiblemente también a nivel económico, pero solo a largo plazo, porque se requiere una preparación a la decisión de iniciar un programa nuclear de entre 10 y 15 años. En el caso de Chile, se necesita también un sistema eléctrico de mayor tamaño que el actual, que acepte la instalación de unidades de por lo menos 1.000 MW para ser económicas.
En Chile, el desarrollo eléctrico está entregado al sector privado, el que construirá centrales nucleares cuando sea económicamente conveniente y existan las regulaciones y la infraestructura humana y física de control adecuadas. Al Estado le cabe entonces la responsabilidad de tomar decisiones en estos campos, que representan el entorno mínimo como para que el sector privado estudie la conveniencia económica de esta alternativa.
Es comprensible que tras el desastre de Fukushima se haya producido un natural recelo al uso de la energía nuclear. Japón ya anunció que abandonará la generación nuclear, y otras naciones han optado por caminos similares. Sin embargo, países como Francia o Brasil pretenden intensificar su uso a futuro, y más de 60 plantas nucleares se encuentran en construcción en diversas partes del mundo, lo que indica que la energía nuclear no va en retroceso a nivel internacional, lo que justifica su evaluación seria y desapasionada. Cabe entonces exponer con claridad ante la ciudadanía sus beneficios, costos de instalación y operación, y riesgos de utilización, que ciertamente existen, en especial en un país de alta sismicidad como Chile. Pero no parece razonable que una economía que aspira al desarrollo renuncie por anticipado a la posibilidad de implementarla.
