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Alto contraste
Fernanda García
En la fase final de su mandato, el Gobierno del Presidente Boric acumula decisiones y gestos que permiten una lectura inquietante: lejos de moderarse, el voluntarismo refundacional del Frente Amplio permanece intacto y e incluso decidido a proyectarse en el poder más allá del período institucional que termina en marzo de 2026.
El “acuerdo de amarre” alcanzado con el sector público es ilustrativo. Bajo el pretexto de un problema real -un Estatuto Administrativo obsoleto-, se introduce un mecanismo mañoso, destinado a imponer la permanencia de funcionarios políticamente afines al Gobierno saliente. La medida es clientelar y revela la vitalidad del espíritu anti institucional del octubrismo frenteamplista. Deliberadamente, crea un conflicto político para la administración que viene y, al mismo tiempo, se muestra empeñado en desconocer la voluntad popular. Esa que en primera y segunda vuelta, respaldó a proyectos políticos que transversalmente exigían revisar el tamaño del Estado para recuperar eficiencia y responsabilidad fiscal en seguridad, crecimiento, y empleo. El amarre revela una convicción profundamente antidemocrática: la idea de que un Gobierno puede y debe condicionar al que viene, incluso cuando la ciudadanía ha optado por un rumbo distinto. No hay aquí defensa de derechos adquiridos, sino resistencia ideológica al principio básico de alternancia democrática.
¿La izquierda y centroizquierda será capaz, esta vez, de tomar distancia del paternalismo anti institucional y frívolo de un grupo de exjóvenes que no dan señales de transar ni aprender?
Aun si no se concreta, el amarre responde a la misma lógica que orientó la tramitación de la Ley de Presupuesto (glosa republicana), y la discusión sobre la multa en el voto obligatorio. En vez de aceptar reglas institucionales para resguardar la estabilidad en la función pública, se opta por desmantelarlas cuando resultan incómodas. La señal es clara: las normas valen mientras no interfieran con el proyecto político propio. En todos estos casos emerge una pretensión de poder que desconoce límites temporales y reglas republicanas.
Un asunto no menor es el modo en que Boric, Grau y otros defienden este modus operandi con argumentos inverosímiles, cuya poca credibilidad y evidente finalidad política solo ellos creen que pasan inadvertidas. Proponer el amarre tras el escándalo de las licencias médicas falsas, la controversia sobre los “parásitos”, y en el contexto del reciente informe de Contraloría que acusa desorden fiscal debiera haber impuesto prudencia, no arrogancia. Pero las autoridades salientes no parecen tomar nota de cómo ello es percibido por la opinión pública. Algo así como que si no hay pan…por qué no comen torta.
¿Puede haber algo más monárquico que intentar gobernar tras perder el respaldo ciudadano, con ideas rechazadas en campaña, y encima buscando que la gente crea que se hace por su bien? Esta pregunta, si bien preocupante, es solo retórica. La pregunta abierta y verdaderamente interesante es si el resto de la izquierda y centroizquierda será capaz, esta vez, de tomar distancia del paternalismo anti institucional y frívolo de un grupo de exjóvenes que no dan señales de transar ni aprender. La inquietud es legítima y debiese ocupar a todo chileno demócrata: para el sector más duro del oficialismo saliente, y a pesar de las palabras del Presidente Boric en la llamada televisada a JAK, los próximos cuatro años parecen concebidos no como alternancia democrática, sino como una etapa destinada a infligir el mayor daño posible al adversario político, sin importar el costo para el país. ¿Y usted, qué dirá al respecto?
