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Alto contraste
Fernando Barros
La ideología woke, cuya visión de la humanidad se simplifica en una narrativa que las sociedades modernas perpetúan la marginalización y la exclusión como algo estructural o sistémico, de forma que, así como el fracasado marxismo veía opresores poderosos y proletarios oprimidos, los nuevos movimientos han sustituido la acusación de explotación y abuso de ricos contra pobres por la denuncia de una sociedad caracterizada por la discriminación por raza, sexo, orientación sexual, vulneración de derechos ancestrales, destrucción de la naturaleza y otras, injusticias de las que todos somos culpables y que los burócratas, cual sumo sacerdotes, pueden imponernos los remedios necesarios según su particular concepto de equilibrio o justicia.
Después de la derrota de los movimientos marxistas y la imposibilidad de obtener legitimación para conculcar los derechos individuales y hacer que seamos dirigidos por el gran Estado, los otrora caídos han capturado organismos locales e internacionales en nombre de los “oprimidos”, los “discriminados” y la naturaleza, para cuya protección se imponen como principios superiores, incluso por sobre normas que democráticamente se ha dado la sociedad, nuevos mandamientos revelados por los iluminados y que encandilan a la sociedad y su ordenamiento jurídico.
“El origen de este veneno social, manifestado en la Ley Lafkenche y múltiples disposiciones legales que separan odiosamente a unos chilenos de otros, lo constituye el Convenio 169 que Chile y apenas otros 23 países han ratificado”.
Ya no se trata que no se discrimine a las personas en función de su origen, creencias o condición, sino que todo principio fundamental o voluntad democrática debe ceder ante la obligación, determinada por la elite woke y sus colaboradores, que tendríamos todos de compensar, entre otros, a los denominados pueblos originarios, de forma que no solo no sean discriminados, sino que se les reconozcan derechos superiores a los de los demás habitantes y se les otorguen privilegios que los asimilan a una casta cuyos intereses justifican postergar los de todos los demás.
Cada día se conocen más casos de abusos al amparo de una normativa importada, que divide a los chilenos, que habilita a la artificial categoría social de “originarios” y sus dirigencias el formular exigencias desmedidas, tratos preferentes respecto de sus vecinos y demás ciudadanos, beneficios económicos astronómicos y verdaderos rescates millonarios por la obligación impuesta de consulta o preferencia para desarrollar actividades en el territorio nacional o el mar chileno como resguardo de su pertenencia real o “sentir” tribal, todo lo cual no solo genera costos y constituye un freno al desarrollo, sino que terminará distanciando a quienes se dice querer proteger de sus connacionales que sufren día a día el trato discriminatorio que reciben por no ser o no manifestarse indígenas.
El origen de este veneno social, manifestado en la Ley Lafkenche y múltiples disposiciones legales que separan odiosamente a unos chilenos de otros, lo constituye el Convenio 169 que Chile y apenas otros 23 países han ratificado, inyectando el germen de la división étnica en Chile. Y ello a iniciativa de la OIT, entidad politizada y ajena a la materia, donde la ideología woke logró introducir la separación étnica en un nuevo apartheid local y relativizar los principios de igualdad, no discriminación y propiedad privada, entre otros.
El proceso constituyente dejó un mandato claro; el 62% de los chilenos rechazó la plurinacionalidad y toda segregación de los chilenos en función de su origen étnico u otra causa y ello supone el deber ineludible para las nuevas autoridades que Chile eligió de excluir de nuestro ordenamiento jurídico toda discriminación y trato preferente y eliminar las leyes y tratados que vulneran el derecho humano fundamental del trato igualitario que todos nos merecemos.
