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Alto contrasteFES: el costo fiscal que nadie quiso debatir
Felipe Zuñiga Académico, exVicerrector de Gestión Económica y Administrativa U. Austral
Los resultados de la primera vuelta presidencial dejaron en evidencia un escenario político polarizado y un sistema universitario que sigue esperando respuestas. En los últimos debates, los candidatos abordaron múltiples temas, pero uno volvió a ausentarse de manera llamativa en el prime time político: el financiamiento de la educación superior. El Fondo de Financiamiento Solidario (FES) no es una reforma, es, en los hechos, una transformación estructural del modo en que Chile financia la educación superior. El Gobierno ha insistido en que el FES generará ahorro frente al CAE, eliminando la banca, los intereses y estableciendo una retribución contingente al ingreso. Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió al Congreso que ese supuesto ahorro depende de condiciones exigentes: salarios crecientes en el tiempo, aumento sostenido de la formalidad laboral y tasas de recuperación elevadas. Son supuestos que, a la luz de datos actuales, están lejos de ser una realidad. Chile registra 8,7% de desempleo y 25,8% de informalidad: una de cada cuatro personas ocupadas trabaja sin contrato ni cotizaciones. Además, el FES instala un límite legal que, en la práctica, opera como un impuesto diferido al trabajo formal: los titulados de carreras de salarios altos podrían llegar a pagar hasta 3,5 veces el arancel regulado. No se trata de defender el CAE, que es perfectible, pero el contraste es evidente: con una tasa real de 2% anual y plazos de 15 a 20 años, el monto total pagado bajo el CAE rara vez supera 1,5 veces lo financiado.
“Con el FES, un error en recaudación, informalidad o salarios no afectará una boleta, sino la columna vertebral del sistema universitario”.
Paradójicamente, mientras se discute un nuevo sistema sin certezas financieras robustas, resulta llamativo que la candidata del oficialismo evitara profundizar en la sostenibilidad fiscal ni en las advertencias del CFA. Tampoco hubo claridad sobre cómo se blindará a las universidades, que ya operan al límite. En la práctica, la discusión ha dejado fuera el corazón del problema: cómo financiamos la educación superior en un país con restricciones fiscales crecientes. La introducción del FES se da en un escenario fiscal estrecho. El proyecto de Presupuesto 2026 contempla un aumento global del gasto de 1,7%, y en educación el presupuesto crece apenas en torno a 2,2% real, con la mayor parte de ese incremento concentrado en la educación superior y la gratuidad ya existentes.
El candidato republicano, por el contrario, remarca la incertidumbre económica del país y la necesidad de reglas claras. Su énfasis en estabilidad fiscal deja un espacio para interpelarlo: si la disciplina financiera es central en su narrativa, el análisis del FES debiera ser parte de esa conversación.
Chile ya vivió las consecuencias de cálculos errados en políticas públicas, como el ajuste de tarifas eléctricas que obligó al Gobierno a corregir sobre la marcha. Con el FES, un error en recaudación, informalidad o salarios no afectará una boleta, sino la columna vertebral del sistema universitario. La segunda vuelta debería servir, al menos, para exigir números claros y no promesas populistas. El FES puede ordenar la relación estudiante-Estado, sí; pero con responsabilidad fiscal, sin impuestos encubiertos y pensando en la sostenibilidad del sistema universitario.
