Fomento a la libre competencia

A fines del año pasado la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una "solicitud de recomendación normativa", la cual busca que éste proponga al Poder Ejecutivo dictar normas legales y/o reglamentarias que fomenten la competencia en la oferta de servicios asociados al suministro de energía eléctrica en el mercado de la construcción de viviendas. Nuestra convicción

–fundada en la experiencia práctica de los socios del gremio y en un detallado análisis jurídico– es que hoy existen vacíos en la legislación que permiten a las empresas de distribución eléctrica aprovechar su condición monopólica en esta materia e impedir la competencia en la prestación de servicios tales como traslado de postes de luz e instalación de alumbrado público y de empalmes eléctricos.

La falta de regulación y de competencia perjudica no solo a las empresas constructoras e inmobiliarias, por el mayor costo de producción de las viviendas, sino también a instaladores eléctricos y otros potenciales competidores, que son excluidos del mercado, y a todos quienes aspiran a obtener una casa propia. Ya sea que se trate de compradores sin apoyo estatal –que ven subir el precio final de los inmuebles– o de familias de sectores vulnerables, que si bien pueden obtener un subsidio habitacional, se van quedando paulatinamente sin oferta de viviendas, ya que en estos casos los mayores costos no pueden ser traspasados a precio.

Las modificaciones legales y/o reglamentarias que solicitamos –por ejemplo, mayor transparencia, uniformidad de requerimientos y plazos y la creación de organismos certificadores de instalaciones eléctricas independientes, entre otras– permitirían corregir esta grave situación.

Nuestra solicitud fue acogida a tramitación por el TDLC, el que dio inicio al procedimiento correspondiente y abrió un período para recibir antecedentes de los eventuales interesados. Durante esta etapa se han manifestado reparticiones públicas –como los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Energía–, el Colegio de Instaladores Eléctricos, empresas de distribución eléctrica y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Cabe destacar que ésta coincidió con los planteamientos de la CChC e incluso también solicitó al TDLC que recomiende la dictación de normas que corrijan diversos problemas de competencia que logró detectar.

De acuerdo a la FNE, las empresas de distribución eléctrica explotan información comercial privilegiada para contactar primero a los interesados y ofrecer sus servicios; son a la vez proveedoras y fiscalizadoras, lo que genera incentivos para excluir potenciales competidores; falta de transparencia, especialmente en la elaboración de presupuestos, lo que impide hacer comparaciones y permite ocultar distorsiones de precios, resultando además favorecidas por otras circunstancias, como la oferta de garantías que no serían replicables por otros proveedores de esos servicios.

Consecuentemente, sobre la base de la experiencia internacional y de lo aplicado a nivel local en otras industrias, la FNE solicitó al TDLC que considere realizar una recomendación de modificación normativa que incluya tanto prohibiciones explícitas como otros aspectos a regular.

Entre las primeras, la Fiscalía propone que a las empresas de distribución eléctrica se les impida usar la información privilegiada a la que acceden con ocasión de las solicitudes de los clientes y sus instaladores independientes, absteniéndose de ofertar sus servicios dentro de plazos determinados, y se les prohíba acompañar las boletas o facturas de suministro eléctrico con publicidad comercial.

Asimismo, solicita que se dicte un reglamento con plazos para todos los trámites que debe realizar un futuro cliente con la respectiva empresa de distribución eléctrica. Plazos que han de ser debidamente fiscalizados por la autoridad sectorial, estableciéndose sanciones por su incumplimiento. Todo ello con el fin de prevenir demoras injustificadas, evitar arbitrariedades y generar confianza en los clientes.

La FNE también plantea que se establezca para las empresas de distribución eléctrica el deber de elaborar presupuestos y ofertas debidamente itemizados –que permitan distinguir las actividades comprendidas, su valor y si pueden ser contratadas con terceros– y que la autoridad sectorial elabore una normativa sistematizada y actualizada junto a un procedimiento transparente y objetivo de reclamo ante la autoridad sectorial en casos de incumplimiento.

Uno de nuestros deberes como gremio es promover la libre competencia, tanto entre nuestros socios como, en este caso, en relación con los servicios asociados al suministro eléctrico, pues entendemos que así estamos protegiendo la actividad privada y aumentando el bienestar de las personas.