Hay que dejar a las agencias calificadoras hacer su trabajo

Pese a las críticas que han enfrentado las agencias calificadoras en los últimos años -muchas de ellas justificadas- alguien en Standard & Poor’s mantiene su sentido del humor.

Habiendo conocido un principio de acuerdo de la Comisión Europea para que ciertas rebajas de calificaciones no se publiquen en “momentos inapropiados”, S&P advirtió que 15 miembros de la eurozona afrontan posibles rebajas sólo horas antes de que Nicolas Sarkozy y Angela Merkel presentaran un nuevo acuerdo para la crisis. No se puede ser más inapropiado que eso.

Los políticos y banqueros europeos reaccionaron con molestia. “Es una exageración y también es injusto”, se quejó el primer ministro de Luxembourg, Jean-Claude Juncker. Pero más allá de la falta de tacto S&P no hizo nada malo. El error de las agencias en la crisis de 2008 fue dar un falso sello de calidad a los títulos subprime, y luego, rebajarlos apresuradamente. Como lo expresó Carl Levin, senador de EEUU: “Masivas rebajas golpearon al mercado como un martillo, dejando en claro que las calificaciones de grado de inversión habían sido un colosal error”.

Así que, ¿cuál sería el error esta vez? ¿Que Alemania y Francia no merecían la nota AAA desde el comienzo? Después de que se han quejado tan ruidosamente de que las agencias traicionan los intereses de los inversionistas que confían en sus opiniones siendo demasiado benignas con los emisores que les pagan, es hipócrita de parte de los gobiernos exigir un tratamiento más suave.

Existen problemas con las agencias. Las tres grandes (S&P, Moody’s y Fitch) siguen siendo dominantes, y los mercados, bancos centrales y reguladores tienden a tomar sus indicaciones demasiado en serio. Se parece a la crítica del New York Times, que puede hundir un show con sólo un mal comentario.

Su modelo de negocios también tiene un problema de conflictos de interés porque sus calificaciones supuestamente deben orientar a los inversionistas pero a ellas les pagan las empresas y los gobiernos. Los esfuerzos de reforma para terminar los incentivos a que asignen notas demasiado altas a los bonos no han avanzado lo suficiente.

Pero la respuesta equivocada sería una sobre reacción regulatoria que tiene las consecuencias perversas de elevar las barreras de entrada y protege a los líderes del sector. Si los enojados políticos y banqueros europeos no tienen cuidado, podrían alentar esa reacción. Lo mejor que podrían hacer para evitar que las agencias ejerzan ese poder es dejar de monitorearlas.

El comentario más absurdo fue la declaración de Nowotny de que “la política debe establecer sus propias prioridades”, como si S&P estuviera obligada a mantener silencio mientras los políticos discuten otra vez sobre un rescate a la eurozona.

Si los políticos no quieren que los inversionistas critiquen sus acciones deben dejar endeudarse. Todo lo que S&P y las demás hacen es ofrecer una opinión sobre la posibilidad de que los bonos soberanos sean pagados, lo que es una actividad legítima. Los emisores pagan por las calificaciones porque, en el largo plazo, aumenta el pozo de inversionistas.

La pregunta es qué tan bien lo hacen las agencias y las últimas intervenciones sugieren que existe un valioso nivel de independencia respecto de los emisores -en este caso, de los gobiernos- y que están dispuestas a correr riesgos. S&P ha advertido sobre el riesgo de default en la eurozona desde que rebajó por primera vez la calificación de Grecia en septiembre de 2004, y esa difícilmente parece hoy una mala decisión.

S&P le da más peso que Moody’s al riesgo político: la disposición para pagar, más que la capacidad financiera para hacerlo. Cuando rebajó la nota AAA de EEUU en agosto, dijo que el gobierno se había vuelto “menos estable, efectivo y predecible”. Cualquiera que esté siguiendo los debates de las primarias republicanas puede darse cuenta de ello.

A diferencia de las hipotecas en EEUU, las agencias han tenido un desempeño bastante sólido en el caso de las deudas soberanas.