Inclusión financiera: ¿qué dice la evidencia?

Matias Bernier

Los productos y servicios financieros son un elemento esencial en la vida cotidiana de los hogares y las empresas. Permiten financiar sus proyectos, protegerse ante imprevistos, transferir recursos de manera eficiente y segura, y canalizar ahorros para enfrentar el futuro con tranquilidad. Resulta claro, entonces, que una mayor inclusión financiera es clave para que estos beneficios estén al alcance de todas las personas.

La discusión sobre inclusión financiera debe ser acompañada con evidencia y evitar errores de diagnóstico para lograr políticas coherentes con la situación actual y el objetivo a perseguir, como hemos visto en las opiniones de los abogados Álvaro Moraga y Pedro Eguiguren, publicadas en este medio el 24 y 27 de diciembre.

Un primer error es asegurar que la banca tiene utilidades por sobre el promedio mundial. Según el FMI, la banca chilena tuvo una rentabilidad sobre activos de 0,53% el año 2020, mientras que el promedio mundial fue 0,89%. Esta cifra, no sólo pone en contexto las utilidades de la banca, sino también el rol de la gestión en la industria, ya que un pequeño cambio en la valorización de los activos o pasivos haría que las utilidades rápidamente se transformen en pérdidas.

Un segundo error es plantear que el acceso al crédito está vetado para una parte mayoritaria de la población. Según el Banco Mundial, el crédito bancario doméstico representa casi el 90% del PIB, en línea con su grado de desarrollo, y con más de 5 millones de deudores en el segmento personas. Es más, la cartera de crédito hipotecario representa el 30% del PIB, porcentaje muy por sobre el promedio mundial (21%), y por encima de países como Perú, Colombia y Brasil, que tienen cifras de 6%, 7% y 10%, respectivamente. Así, en Chile pudimos ofrecer, entre otros productos, créditos más baratos y con las mejores condiciones de América Latina, comparables a los de economías desarrolladas.

Estos logros son el fruto de una industria altamente competitiva y el uso de la mejor tecnología. Pero avanzar hacia un acceso semejante al de un país moderno requiere de políticas públicas consistentes. En esta línea, el proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada y el denominado "Ley Fintech" son relevantes por sus potenciales beneficios.

El primero incrementa la información disponible para los oferentes de crédito, permitiéndoles una mejor evaluación del riesgo de crédito, e incentiva en los deudores el cumplimiento de sus obligaciones. Resulta impresentable que algunos oferentes de crédito utilicen la ausencia del registro consolidado como un atributo para ofrecer créditos al público, induciéndolos a un endeudamiento más allá del que los deudores pueden gestionar.

El segundo proyecto faculta a la CMF a regular actividades financieras y empresas que actualmente operan fuera de su perímetro regulador y supervisor. Coherente con lo anterior, se debe focalizar en los clientes, el cuidado de la confianza y fe pública en la cadena de pagos, y el cumplimiento de la ley evitando captaciones de fondos encubiertas. Asimismo, se requiere un marco regulatorio definido en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.

De hecho, si el Congreso aprobara hoy dicho proyecto, Chile sería el primer país del mundo en tener una ley de finanzas abiertas sin contar previamente con leyes de ciberseguridad y de protección de datos personales.