Un fallo emanado desde un tribunal arbitral de Ginebra resonó en Italia y en Chile como un triunfo. Se trata de una antigua disputa que enfrentó a la italiana Astaldi -representada en esa sede europea por el abogado chileno Rodrigo Díaz de Valdés, del estudio Baker McKenzie-, con la francesa Vinci.
El caso se remonta a cuando la firma de origen francés Vinci Construction Grand Projects (VCGP) y la italiana Astaldi establecieron un joint venture (JV) para el diseño, construcción y aprovisionamiento (un contrato EPC) del aeropuerto de Santiago, para la concesionaria Nuevo Pudahuel (NP), que se había ganado tal licitación del MOP.
Pero en el desarrollo del trabajo de este JV -en que participaban ambas europeas en 50% y 50%-, ocurrieron varios problemas, como sobrecostos, obras más caras que lo presupuestado y que Astaldi entró en problemas financieros en su matriz en Italia.
Esto se tradujo en que la italiana entrara en un Concordato Preventivo de Continuidad de Negocios en su país -un símil a una Reorganización Judicial (RJ) de Chile-, y como el proyecto de construcción del aeropuerto iba generando más gastos que los pagos que recibía de NP, los socios del JV tuvieron que hacer cash calls a sus respectivas matrices.
Como Astaldi no podía responder, al estar en un Concordato, estos call for funds fueron solventados por Vinci, que terminó por interponer esta demanda arbitral en contra de Astaldi Chile y Astaldi SpA (la matriz), solicitándole el pago de estos call for funds por unos 58 millones de euros, más intereses, y las pérdidas del proyecto, por otros 200 millones de euros que la francesa reclamaba a la italiana.
Astaldi también demandó a la contraparte, por mala administración del proyecto.
Este litigio se rigió como arbitraje en el marco de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con su sede en Ginebra, Suiza, en un caso en que VCGP también pidió extenderlo a Webuild, otra firma que había adquirido activos de Astaldi.
Pero finalmente el fallo arbitral -ocurrido en febrero de este año, pero hecho público hace unos días- fue recibido como un triunfo en Astaldi, pues se rechazó la demanda en contra de Webuild -dado que el tribunal entendió que no era el continuador de Astaldi en el proyecto-; se rechazó la demanda por las pérdidas por 200 millones de euros; también se rechazó la acción en contra de Astaldi Chile y únicamente se acogió la demanda en contra de Astaldi Spa, pero reduciéndola a 37 millones de euros, por los mencionados aportes.
“Las partes recibieron el laudo en el que el tribunal arbitral confirmó plenamente las defensas de Webuild. Declaró que no tiene jurisdicción sobre Webuild, y ordenó a Astaldi pagar a VCGP la cantidad de 37 millones de euros por los cash calls”, dice parte de un documento legal de Webuild hecho público en julio pasado.
Según quienes conocen este impasse entre las firmas de matrices europeas, Astaldi, en virtud de su reorganización y las obligaciones de pago que tiene con sus acreedores de ese proceso, pagaría del orden del 10% de aquella cifra porque no cuenta con más activos.
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