Infraestructura y crecimiento

Juan Eduardo Saldivia

En el periodo 1994-2014 Chile creció a una tasa promedio de 6,7%, pasando de un ingreso per cápita de US$ 6.435 a
US$ 21.911 (corregido por poder de compra). En ese mismo periodo se ha invertido, a través del mecanismo de Concesiones de Obras Públicas, una suma superior a los US$ 16.000 millones. Sin la industria de concesiones no sería posible exhibir las ganancias en competividad y productividad que exhibe nuestra economía.

Según el reciente Reporte de Competitividad Global 2014–2015, publicado por el Foro Económico Mundial, Chile subió un puesto desde la posición 34 a la 33 (con respecto al año 2013) en el ranking que agrupa a 144 naciones. El alza experimentada se debe al mejoramiento en los pilares básicos de Salud y Educación Primarias (desde 74 a 70), Educación Superior y Capacitación (38 a 32) y Eficiencia del Mercado de Bienes (36 a 34). Sin embargo, el segundo pilar básico, Infraestructura, experimentó una caída, bajando desde el puesto 46 al lugar 49, lo que supone una pérdida de competitividad con respecto al resto de los países en medición.

A su vez, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe World Economic Outlook, que muestra cómo la inversión en infraestructura, ejecutada vía mecanismos de Asociación Público Privada (APP), ejerce su efecto sobre el crecimiento del producto de países desarrollados y en vías de desarrollo. El informe concluye que un aumento de la inversión pública (vía deuda) equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), puede traducirse en hasta un 1,5% de incremento en el PIB ese mismo año. Este efecto aumenta y se potencia por al menos 4 años. Si aplicamos esta conclusión a Chile tendríamos que un aumento de US$ 2.800 millones en la inversión en infraestructura vía APP puede resultar en un PIB un 1,5% mayor el mismo año en que ésta se concreta y un 10% superior al 2018. Con una inversión de 
US$ 8.000 millones, utilizando el sistema de Concesiones, en los tres próximos años podría multiplicarse por tres el efecto en cuatro años y resultar en US$ 24.000 millones más de PIB.

Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción concluye que el déficit en infraestructura, al año 2023, será de US$ 112.588 millones. Por su parte, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ha estimado que debemos llegar a un 3,5% del Producto en inversión en la materia.

El déficit en infraestructura no solo es un problema de competividad o productividad. No solo acarrea pérdidas económicas. Por sobre todo, es un problema que afecta la calidad de vida de nuestra gente. La peor infraestructura es la que no existe. Es el barro y el polvo en nuestros caminos rurales, son los tiempos de viaje, es la carencia de condiciones que permitan el acceso a mejores condiciones de vida. En definitiva, es un problema de desigualdad que afecta a los más postergados.

Se hace urgente para el país colocar la Infraestructura en el centro del debate, pensando en el largo plazo. La Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública (Copsa), gremio que reúne a prácticamente el 60% de la industria de concesiones, quiere contribuir al desarrollo, mejoramiento y sostenibilidad de políticas de largo plazo, así como de la institucionalidad pública y privada, que permitan, por una parte, consolidar y mejorar lo ya hecho y por otra, avanzar consistentemente en la creación de las capacidades necesarias para enfrentar y superar las brechas hoy existentes.