La agenda laboral sin la emoción de los 33 mineros

El 5 de agosto del año pasado, día del accidente en la mina San José, se comenzaba a tejer una historia dramática que tuvo en vilo a la sociedad chilena hasta el 12 de octubre, cuando se realizó un rescate seguido masivamente, minuto a minuto, en todo el mundo.



Muchos dijimos, en ese momento, que era imposible tener un mejor escenario político para que Chile diera pasos sustantivos para enfrentar de manera contundente los evidentes déficits de nuestro “sistema” de seguridad laboral. Parecía evidente que la potencia mediática del evento, despertaba a los chilenos a esta realidad casi invisible: cada año muere un número de trabajadores, en accidentes laborales evitables, de igual magnitud que el de los fallecidos en el terremoto y tsunami del 27F.

Pasados siete meses del accidente, no sólo ya no hablamos del tema, sino que nada ha cambiado en nuestras bases institucionales. La reglas del juego no se han movido un solo centímetro. Peor aun, ni siquiera se ha enviado al Parlamento un proyecto de ley, anunciado hasta el hartazgo por el presidente. 
Con esto, hemos perdido una oportunidad histórica, aquella ligada a un “estado de ánimo” irrepetible, para haber avanzado de manera contundente no sólo en lo que atañe estrictamente a accidentabilidad, sino en la modernización de las prácticas productivas y laborales en un sentido amplio.

La accidentabilidad es sólo la punta visible de un iceberg profundo, con raíces en problemas tan diversos como la organización del trabajo, la calidad y la productividad, la responsabilidad social y legal de los empresarios y la formación técnica y cultural de los propios trabajadores. Esto va mucho más allá de aumentar el número de fiscalizadores y las multas a los infractores. Esas son medidas obvias, pero que tomadas aisladamente tendrán un efecto sólo parcial.

El tema toma relevancia en estos días, cuando la ministra del trabajo ha dado señales auspiciosas en el sentido de que dará a conocer una amplia agenda laboral. Creemos que ese es el camino correcto para un país que tiene desafíos laborales pendientes tan diversos, que abarcan desde las vergonzosas disparidades salariales, la impunidad ante abusos tan aberrantes como el no pago de cotizaciones y condiciones de trabajo indignas, hasta las evidentes necesidades de avanzar en materia de una flexibilidad laboral que amplíe oportunidades para empleadores y trabajadores, con medidas audaces tendientes a facilitar el acceso a la capacitación y a superar los inconvenientes del actual sistema de indemnizaciones por año de servicio.

Es importante que la extraordinaria creación de empleo del año pasado no nos haga caer en la añeja falacia ultraliberal según la cual, finalmente, la mejor política para crear empleo es no tener política. 
El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se atrevió a vaticinar tras la tragedia de los 33 mineros: “Chile se transformará en líder mundial en seguridad del trabajo”. Esperemos que, a pesar del inexcusable tiempo perdido, se recree un ambiente propicio para ir aun más allá y sentar las bases de un nuevo trato laboral.