La equivocada complacencia de Estados Unidos sobre su déficit

Estados Unidos todavía se enfrenta a un peligroso déficit fiscal, pero uno no lo notaría si se guiara por la complacencia que predomina en los debates presupuestarios de Washington. El déficit federal, que hasta hace poco se consideraba un problema urgente, se está relegando a un segundo plano en la política estadounidense.



Este cambio de mirada comenzó con las previsiones corregidas del déficit que publicara recientemente la Oficina Presupuestaria del Congreso, agencia técnica independiente responsable de asesorar al Congreso sobre asuntos presupuestarios. De acuerdo con el informe de la OPC, el déficit fiscal de EEUU bajará del 7% del PIB en 2012 a 4% en 2013. Esta reducción refleja los recortes del gasto público en programas de defensa y otros de tipo general que fue necesario aplicar por la reducción presupuestaria automática (conocida como “sequester”) que entró en vigencia en marzo, así como el aumento de los ingresos públicos por el alza en la recaudación de impuestos sobre la renta y nóminas desde fines de 2012.

Más llamativa aún es la proyección de la OPC de que el déficit seguirá disminuyendo con rapidez hasta llegar a apenas el 2,1% del PIB en 2015, para luego aumentar gradualmente hasta sólo el 3,5% en 2023, año en que acaba su período de pronóstico oficial. Todo esto implica que la relación de deuda pública a PIB se mantendrá alrededor del nivel actual del 75% a lo largo de los próximos diez años.

Lamentablemente, es improbable que la realidad termine avalando estas alarmantes cifras; de hecho, incluso la OPC opina que no representan lo que va a ocurrir. En lugar de ello, estas previsiones oficiales son un panorama “de referencia” que se le exige presentar. El “presupuesto de referencia” de la OPC parte del supuesto de que todos los factores que influyen en la reducción del déficit que se encuentran presentes en la legislación vigente seguirán sin sufrir cambios. Por ejemplo, se puede mencionar entre ellos una obligación legislativa de larga data que establece que en los años futuros el programa público Medicare debe reducir drásticamente sus pagos a los médicos, algo que cada año el Congreso ha votado por “posponer”.

A fin de ofrecer una mejor orientación, la OPC presenta un “panorama fiscal alternativo”, en el que se eliminan del pronóstico estos muy improbables factores. La proyección alternativa implica que el déficit presupuestario anual al final del periodo de diez años volverá a ser del 4,7% del PIB, con una relación deuda a PIB del 83%, y en alza. Y esas estimaciones se basan en el supuesto optimista de que la economía poco a poco va a haber recobrado el pleno empleo, con baja inflación y tasas de interés moderadas.

Las autoridades y otros actores que favorecen el estímulo del crecimiento a través de un mayor gasto público hacen caso omiso del panorama alternativo (y más realista) de la OPC. Apoyan su argumento de que el déficit no es un problema inmediato señalando las muy bajas tasas de interés sobre la deuda pública de largo plazo, con un rendimiento del 2% del bono del Tesoro a diez años y una tasa de interés real negativa sobre los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Sin embargo, estas bajas tasas no reflejan el ánimo normal del mercado, sino que se originan más bien en el hecho de que hoy en día la Reserva Federal está comprando valores de largo plazo a un ritmo mayor que su emisión por parte del gobierno para financiar el déficit presupuestario.

Tener que cargar con una gran deuda pública también limita la capacidad del gobierno de responder a emergencias, tanto de tipo militar como crisis económicas. Y vuelve al país más vulnerable a los cambios de ánimo en los mercados financieros, como lo ha ilustrado la experiencia europea.

Lamentablemente, esta nueva complacencia sobre los déficits futuros vuelve difícil, si no imposible, promulgar las leyes necesarias para comenzar el proceso de reducción progresiva del déficit fiscal estadounidense de largo plazo. Es importante que el público y las autoridades a cargo de diseñar políticas comprendan las reales perspectivas fiscales y el daño que causarán los elevados déficits si no se toman medidas adecuadas y con prontitud. Esconder el problema bajo la alfombra no hará más que empeorarlo.



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