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Alto contrasteLa nueva geopolítica y los negocios privados
JUAN IGNACIO BRITO Profesor de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes
Juan ignacio Brito
Los acontecimientos internacionales obligan a reflexionar acerca de las consecuencias prácticas de habitar un mundo donde las coordenadas se han visto radicalmente alteradas. Hay muchas lecciones que aprender para un país como Chile. Con acierto, varios han puesto énfasis en el necesario cambio de enfoque que debe hacer la diplomacia nacional para actuar en un ambiente geopolítico donde el orden liberal internacional se bate en retirada y cobran importancia consideraciones de poder y seguridad. Por décadas, nuestra inserción ha estado marcada por la apertura al comercio y las inversiones, y por el respeto a un sistema de reglas basado en el derecho internacional y el multilateralismo.
Hoy, sin embargo, la inestabilidad global debe conducir a repensar el posicionamiento de Chile en un mundo donde la fuerza resulta un elemento insalvable, como dejan en evidencia los ataques de EEUU a Irán y Venezuela y, también, el castigo a tres altos funcionarios chilenos por “amenazar la seguridad hemisférica”. Ello supone revisar si la legislación y la institucionalidad para la inversión extranjera son adecuadas en una época en que los requisitos de seguridad ganan protagonismo y en el cual existe una disputa entre dos superpotencias con las cuales Chile mantiene intercambio significativo.
“Las empresas son libres de hacer negocios con quien deseen, pero no es prudente basar las decisiones solo en consideraciones de rentabilidad, y más aún si operan en un ambiente donde la geopolítica tiene impacto claro”.
A raíz de la situación generada por el proyecto de cable submarino, buena parte de la atención se ha destinado a la manera en que el Estado debe gestionar ese tipo de iniciativas. Hay, sin embargo, otro ámbito que también puede generar controversia y disrupción: la inversión y los negocios del sector privado. El ejemplo del bufete de abogados del que formó parte el futuro ministro de Defensa es una muestra de los dilemas que surgen en esta dimensión. Barros & Errázuriz gestionó la constitución de CMI SpA, rama local de CMI, subsidiaria a su vez de China Mobile, empresa matriz donde el Gobierno chino tiene el 69% de la propiedad a través del estatal China Mobile Communications Group. Cuando se trata del Estado en China, se habla en definitiva del Partido Comunista, controlador exclusivo del aparato burocrático y sede única del poder.
Las empresas particulares son libres de hacer negocios con quien deseen, pero en el mundo actual no es prudente ni recomendable adoptar decisiones basándose solo en consideraciones de rentabilidad y probidad, en especial si se trata de firmas con vinculaciones globales que operan en un ambiente en que la geopolítica tiene un impacto claro.
China Mobile y CMI -y filiales, como CMI USA- son compañías que han estado en el ojo del supervisor norteamericano desde hace al menos un lustro. La FCC de EEUU y el Comité de la Cámara de Representantes sobre Competencia Estratégica entre EEUU y el PC Chino han denunciado sus operaciones. En varias oportunidades, China Mobile y sus filiales han sido acusadas de actuar subordinadas al interés nacional chino, por ejemplo, al evadir las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania o al proveer cobertura a las islas Spratly, en el Mar del Sur de China, donde Pekín y varios países del sudeste asiático se disputan soberanía.
Cuando el mundo convivía en una era de convergencia, estas cuestiones no parecían relevantes. Hoy, constituyen una realidad insoslayable que no solo debe ser considerada por el Estado, sino también por las empresas que se desempeñan en un entorno de negocios global.
