La PGU: el nuevo eje de referencia

Ingrid Jones

Aunque aún no ha ingresado una indicación en la Comisión de Trabajo de la Cámara, el Gobierno ha señalado que eliminará las cuentas nocionales de la reforma de pensiones. Si bien esto es positivo -porque éstas no son cuentas individuales y la rentabilidad que se le aplica a los recursos registrados es menor a la de mercado-, la propuesta de que de la cotización adicional 4% vaya a un fondo colectivo y 2% a cuentas individuales no es satisfactoria. Tampoco lo es que el 6% se divida en partes iguales entre ambas modalidades. Esto, porque hoy hay más razones para enviar el ahorro adicional a las cuentas individuales.

Tal como se mencionó en el editorial de este mismo diario el pasado viernes, los recursos públicos destinados a financiar la creación de la PGU se incrementaron considerablemente como resultado de la mayor cobertura y monto respecto del pilar solidario. En 2022 se gastó el equivalente a 1,8% del PIB (más de US$ 6.167 millones). Esto es nueve veces más que el gasto desde que se creó en 2008 el pilar solidario, sistema que la PGU reemplazó. Para 2023, el gasto estimado es superior, en torno a 2,3% del PIB, casi dos veces el gasto solidario de 2020. Esto equivale a haber subido la tasa de cotización obligatoria en 3,6 puntos porcentuales.

“El Gobierno debe asumir que no se justifica que las personas destinen parte de la cotización adicional al financiamiento de un fondo colectivo, cuando el Estado financia con impuestos generales la PGU”.

Con su propuesta, el Ejecutivo insiste en un esquema de reparto para mejorar las pensiones actuales y financiar los otros beneficios previsionales que se prometen. Se tomó como ejemplo que, durante la tramitación en la Cámara de la reforma propuesta en el segundo período de Sebastián Piñera, se acordó y modificó la magnitud y destino del incremento de la tasa: de 4% a cuentas individuales a 6%, de los cuales 3% iba a las cuentas individuales y el 3% restante a un fondo colectivo.

Sin embargo, en el Senado no se alcanzaron nuevos acuerdos y su tramitación se congeló en la Comisión de Hacienda. Luego, el Ejecutivo desvinculó del proyecto las mejoras al pilar solidario, lo que se transformó finalmente en la ley de la PGU. Pero el resto de la reforma no siguió avanzando. Lo anterior evidencia que los acuerdos alcanzados en la Cámara no se mantienen necesariamente en el Senado, sobre todo cuando éstos son malos.

Además, no considera otras alternativas, como elevar el monto de la PGU a la línea de la pobreza y aumentarla adicionalmente para grupos específicos, como mujeres con mínimo de 15 años cotizados o dependientes severos, ni establecer una tasa de reemplazo objetivo que permita elevar las pensiones de forma adicional. Ambas medidas pueden financiarse con parte de los recursos del royalty minero, eliminación de exenciones injustificadas y medidas que combatan la evasión y la elusión

Es necesario, entonces, que el Gobierno asuma que no se justifica que las personas destinen parte de la cotización adicional al financiamiento de un fondo colectivo, cuando el Estado financia con impuestos generales la PGU, que beneficia actualmente a más del 87% de las personas mayores de 65 años.