La transparencia en el fiel de la balanza

José Antonio Viera-Gallo


En el año que termina, para bien o para mal, muchas conversaciones han girado en torno a la probidad y la transparencia. Los titulares de la prensa se han centrado en los escándalos que han sacudido al sector privado y al aparato público. La corrupción y las malas prácticas son una amenaza siempre presente, como lamentablemente se puede observar también en países como Argentina, Brasil, Perú, Venezuela o México.

Entre nosotros ha habido fraudes tributarios, atentados a la libre competencia, uso de información privilegiada, soborno de funcionarios públicos, financiamiento oscuro de campañas políticas y malversación de subvenciones educacionales por parte de sostenedores públicos y privados.

Pero el 2014 concluyó con una buena noticia: Chile volvía a tener un lugar destacado (el 21) en el índice internacional de percepción de la corrupción, siendo el país latino mejor evaluado. Ésta es una conquista que hay que preservar.

Un paso significativo en la dirección correcta fue la entrada en vigencia de la Ley 20.730 que regula el lobby, ingresada al Congreso el 2003. Chile pasó a ser uno de los 15 países en contar con una legislación sobre la materia. Esta es la iniciativa más importante desde la dictación de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública el 2009.

Palabras más, palabras menos, la ley ha sido bien implementada por los entes públicos e importantes organizaciones empresariales se han adelantado a inscribirse en el registro de lobistas, como ocurrió con la CPC y las diversas ramas que la integran y las más conocidas empresas que se dedican al lobby. Queda por ver cuál será el funcionamiento de este cuerpo normativo y la actitud de la ciudadanía frente al lobby que sale de la oscuridad.

También ha sido positivo el resultado del índice de transparencia corporativa, que muestra un importante avance en la cantidad y calidad de la información que las empresas que se transan en bolsa ponen a disposición de clientes, usuarios, trabajadores y consumidores, en general, de cualquier grupo interesado. Lo mismo se puede afirmar de los buenos puntajes promedios obtenidos en el Índice de Responsabilidad Anticorrupción que mide el comportamiento de 19 empresas trasnacionales chilenas.

En cambio, el avance de la agenda pro transparencia en el Congreso ha sido escaso. El impulso ha venido más de los propios parlamentarios que del Gobierno. Todavía no se despacha el proyecto de ley que regula el fideicomiso ciego de las autoridades y que perfecciona las declaraciones de patrimonio e intereses, ni el que mejora la Ley 20.285, que refuerza el Consejo para la Transparencia y regula la publicidad de los correos electrónicos de las autoridades. Un proyecto que, en cambio, ha avanzado significativamente es el de reforma constitucional que consagra el principio de transparencia en el artículo 8 de la Carta Fundamental y reconoce explícitamente el derecho de acceso a la información pública.

Esperamos que el planteamiento del Gobierno de un nuevo sistema de financiamiento de la política – que en parte importante coincide con una propuesta avanzada por Chile Transparente – tenga un trámite parlamentario más expedito, aunque los disensos manifestados al respecto hacen temer por la suerte final de esta iniciativa. Las fuerzas políticas deben comprender que los estándares de transparencia han subido en la sociedad y que prácticas que en el pasado eran comúnmente aceptadas, ya no gozan de legitimidad.

Esperamos que el próximo año la transparencia y la probidad recuperen el lugar que merecen en la agenda pública y tanto el Estado como el sector privado den pasos significativos para seguir mejorando en la adhesión a valores que son esenciales para la salud de la democracia.