Los precios ante la pandemia

Ana María Montoya

El Gobierno ha actuado para tratar de que el shock del Covid-19 no genere efectos económicos pro-cíclicos profundos y sea internalizado de manera permanente por las empresas. El foco se ha centrado en evitar que éstas caigan en quiebra -con el consiguiente efecto en el empleo, la desigualdad y el incremento de la concentración- y en una política activa para asegurar el control sanitario.

Sin embargo, también existen otras medidas que apuntan a dar señales de precios en el mercado para, en situaciones como la que estamos viviendo, garantizar el acceso de la población a “algunos” bienes y servicios, como la fijación de precios máximos. Una regulación utilizada excepcionalmente en caso de monopolios naturales o tras la asignación de bienes y servicios de uso público.

El Gobierno ha tomado medidas excepcionales en esta materia, fijando los precios máximos a cobrar por los tests de coronavirus en clínicas privadas, a fin de incentivar su aplicación y evitar los abusos. Por su parte, en la industria bancaria, y con plena justificación, se han fijado los precios de los préstamos a una tasa nominal de 3,5% anual.

Pero hay países que han ido más allá. Sudáfrica, por ejemplo, estableció un listado de productos esenciales para los consumidores —tales como papel higiénico, mascarillas, harinas, pollos, carnes, aceite, entre otros—, y no se les permite aumentar sus márgenes de precio en más de un promedio de los últimos tres meses desde el 1 marzo 2020.

Australia determinó a fines de marzo que, en época de pandemia, bienes esenciales como mascarillas, guantes, alcohol gel y toallas desinfectantes no podrían aumentar más de 120% respecto del período previo al 30 de enero de este año en su compra minorista.

Estas excepciones a la regla básica del mercado deben ser establecidas de manera cuidadosa y de forma temporal, pues pueden provocar distorsiones en el mediano y largo plazo. Al momento de que se definan políticas públicas sobre precios se debe ponderar otras medidas para mitigar tales riesgos, como por ejemplo, incrementar el acceso a información para los consumidores en su decisión de compra, revisar las barreras que impiden incrementar la oferta y distribución de productos sanitarios, y que las autoridades asuman un rol más activo en detectar alzas de precios significativas, que no tengan relación con los costos, a fin de detectar tempranamente prácticas abusivas.

Si pensamos que en términos reales los salarios de un gran porcentaje de los chilenos se verán reducidos o afectados por el desempleo, cabe hacerse una importante pregunta: en el corto plazo y con el fin de atender ciertas necesidades básicas, ¿será necesario adoptar políticas como las aplicadas por Sudáfrica? ¿Confiaremos únicamente en el mercado? ¿O requeriremos una medida intermedia, donde se establezcan mecanismos de monitoreo de precios de manera más activa de parte de las autoridades? A mi juicio, estas no son excluyentes teniendo conciencia de la información que disponemos -por ejemplo, de algunos componentes de costos- y la temporalidad, lo que determinará el impacto de las intervenciones.