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Alto contraste
Luis Felipe Lagos
En buena hora, algunas candidaturas están hablando de ajuste fiscal. Las cuentas fiscales se han deteriorado; los continuos deficit han incrementado la deuda, y el incumplimiento de las metas -por los tres ultimos años- ha restado credibilidad a la regla fiscal, considerando que las metas de balance estructural son autoimpuestas al comienzo de una administración
El ajuste o consolidación fiscal debe considerar un recorte de gasto, no una simple reasignación, de tal forma que se pueda financiar una rebaja tributaria. Un ajuste que recorta gasto y rebaja impuestos no tiene mayores efectos en la actividad; incluso hay evidencia de varios países que han tenido un “ajuste fiscal expansivo”. Por el contrario, si el ajuste para hacer sostenible las finanzas públicas descansa en aumentos de impuestos, generalmente termina siendo recesivo.
“La consolidación fiscal debe considerar un recorte de gasto, no una simple reasignación, de tal forma que se pueda financiar una rebaja tributaria. Un ajuste que recorta gasto y rebaja impuestos no tiene mayores efectos en la actividad”.
No obstante, la competencia electoral ha generado una disputa inconducente respecto a la magnitud del ajuste.
US$ 2.000, US$ 4.000 o US$ 6.000 millones: ¿cuál es la magnitud requerida y factible de ajustar el gasto fiscal? Más allá de lo que puede generar consenso -como el fraude de licencias médicas, evasión del transporte, fraude en la gratuidad universitaria y, en general, en el Registro Social de Hogares, fraude en las fundaciones y mayor eficiencia en las compras públicas-, los ajustes de gasto requerirán que algunas medidas pasen por el Congreso; será necesario un acuerdo, y, por consiguente, es difícil precisar una cifra. Todos los programas mal evaluados tienen un “padrino” que los defenderá.
El próximo gobierno debiera partir por cumplir la regla fiscal y, en particular, comprometerse a estabilizar la deuda a PIB en el nivel actual (43%), además de reponer el FEES. Esto requerirá generar un superávit fiscal primario (antes del pago de interés) en torno a 1% -1,5% del PIB. No obstante, esto no garantiza que la deuda no siga creciendo, si no se controla la “deuda oculta” (o bajo la línea), producto, por ejemplo, de la capitalización de empresas públicas, el CAE, los bonos de reconocimiento y el préstamo de la reforma de pensiones.
Si bien el tema del ajuste fiscal es relevante: los ciudadanos no quieren que se derroche y malgaste sus impuestos, tan importante para ellos es la propuesta respecto a las prioridades de gasto y, especificamente, como gestionarán los recursos las candidaturas en un eventual gobierno. ¿Cómo combatirán la delincuencia, la inmigración ilegal y el crimen organizado? ¿Cómo mejorarán la atención de la salud pública y reducirán las listas de espera? ¿Cómo avanzará la calidad de la educación inicial y escolar? ¿Se podrá impulsar el empleo y crecimiento? ¿Cómo se modernizará el Estado?
El foco en el ajuste del gasto también se ha prestado para el cálculo electoral por parte del Gobierno y otras candidaturas, al insinuar y, a veces afirmar, que la consolidación fiscal reduciría los beneficios sociales de la población, siendo que ello se ha negado. Pero, ¿acaso no hay programas sociales ineficientes, donde parte de los recursos quedan en la administración y no llegan a los beneficiarios? ¿Vamos a seguir destinando cuantiosos recursos a gratuidad universitaria, siendo que la rentabilidad social de destinarlos a la educación inicial es muy superior?
