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Alto contraste
Luis Felipe Lagos
La reforma de pensiones no cerró el tema como se argumentó en el Congreso, solo han pasado algunos meses y la ministra negociadora del acuerdo, hoy candidata presidencial, ha planteado avanzar hacia el fin de las AFP (programa de 7 páginas) y, eventualmente, de la capitalización individual.
En general, los acuerdos son necesarios, permiten a los países avanzar. El acuerdo en pensiones tiene aspectos positivos y otros no tanto. Efectivamente, fortalece la capitalización individual aumentando la cotización en 4,5 puntos más 1,5 punto en un préstamo obligatorio de los cotizantes al Estado que se devuelve en 20 años.
“Una PGU y beneficios de la reforma previsional no focalizados, junto a la gratuidad universitaria, sugieren que estamos avanzando a una suerte de estado de bienestar, sin mayor consideración por los problemas de sostenibilidad fiscal”.
Sin embargo, también se incrementa la injerencia del Estado al crearse el fondo FAPP que administra el seguro social: beneficio por año cotizado y la compensación a las mujeres por una mayor expectativa de vida. Además, el IPS administra el SIS. Si la eficiencia del IPS resulta similar a la del Registro Civil, tenemos un problema.
El beneficio por años cotizados, si bien incentiva la formalidad del trabajo y las cotizaciones, es una política regresiva. Los quintiles de más bajos ingresos tienen más lagunas que los quintiles de mayores ingresos; estos últimos se verán beneficiados. Para financiar el beneficio se crea el préstamo forzoso de los cotizantes al Estado a través del FAPP.
¿Por qué no se endeudó directamente el Estado? Un primer argumento sostiene que una mayor deuda del gobierno central compromete la meta de deuda de la regla fiscal, con la consiguiente crítica del CFA. Pero, obviamente, esto no es más que “creatividad fiscal”. Las clasificadoras y el mundo financiero entienden que el préstamo aumenta la deuda pública y, eventualmente, la prima por riesgo país.
Un segundo argumento, y quizás el más importante para el oficialismo, es el hecho que los cotizantes financien el aumento de la pensión de los actuales pensionados, una redistribución propia del reparto; se crea entonces “una suerte de reparto”. También se ha planteado que un financiamiento directo por el Estado (venta de bonos) generaría cada año una presión en la discusión del presupuesto para aumentar la deuda. Es correcto este argumento de economía política, pero también ocurre algo similar con el préstamo: se puede cambiar sus condiciones, modificando la ley y, además, dado el volumen de recursos, presionar para que una parte se use para otros fines, como financiar empresas públicas.
La compensación a las mujeres por expectativas de vida introduce un nuevo componente de reparto puro al sistema y también es una política regresiva. Las mujeres de los quintiles de mayores ingresos viven, en promedio, más años; ellas serán las más beneficiadas. Los parlamentarios no aprobaron políticas impopulares, como igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres e indexar la edad de jubilación a la expectativa de vida. Aquí habría primado el argumento de la regresividad; no hubo coherencia.
Una PGU y beneficios de la reforma de pensiones no focalizados, junto a la gratuidad universitaria, en desmedro de la educación inicial, sugieren que estamos avanzando a una suerte de estado de bienestar, sin mayor consideración por los problemas de sostenibilidad fiscal, como enseña la experiencia de Europa; y olvidando que ha aumentado considerablemente la pobreza en el país.
