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Alto contrastePablo Correa
Hoy el Congreso discute nuevamente modificaciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Esta vez el foco de proyecto en cuestión tiene que ver con ampliar fuertemente las facultades del Sernac, tanto que su rol cambia radicalmente. Por lo mismo, ha sido motivo de un amplio análisis en medios, el mundo privado, círculos académicos y políticos. Y dado que el proyecto establece un nuevo paradigma en cuanto al rol de esta institución al otorgarle facultades fiscalizadoras y normativas, el foco se ha puesto mayoritariamente en cuán peligroso llegaría a ser este nuevo “león”, ahora sí que “con dientes”.
Sin embargo, creo que pese a su importancia este no es el tema de mayor relevancia, sino uno que debiera ser el pilar fundamental de la ley: la creación de una política nacional de protección al consumidor y de una institucionalidad encargada de coordinar a todos los supervisores, reguladores y poderes del Estado para ejecutarla de manera eficiente y coordinada.
En cambio, el proyecto en discusión fortalece el Sernac modificando su actual rol -informativo, de promotor de demandas colectivas, mediador- por uno muchísimo más activo, en el que el organismo se define como “una institución fiscalizadora”, con facultades para sancionar, interpretar la ley y dictar normativas de carácter general. Este modelo tipo “Superintendencia” no es nuevo y la experiencia internacional nos muestra que en 2008 una serie de países desarrollados habían implementado enfoques de supervisión basados en monitoreo proactivo, en vez de reactivo como es el caso actual chileno.
En todos esos casos, el regulador puede incluso ordenar el cese de la ofensa, y en la mayoría de ellos posee la potestad de aplicar sanciones. En particular, el proyecto en cuestión se asemeja mucho a la Agencia de Protección al Consumidor Financiero (CFPB por sus siglas en inglés), creada en Estados Unidos como parte de las nuevas regulaciones tratadas en la Dodd Frank Act de 2010 en respuesta a la crisis financiera de 2008-09. En cuanto a su capacidad fiscalizadora y normativa el proyecto de ley es copia fiel de este sistema, pero con una diferencia clave: a pesar de tener atribuciones para dictar normativas, la agencia norteamericana debe coordinarse con todos los otros reguladores federales y estatales para dictar normativas que sean consistentes en materia de consumo financiero.
Adicionalmente en Estados Unidos la figura del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera –similar a nuestro Consejo de Estabilidad Financiera- se encuentra facultada para suspender o incluso bloquear cualquier regulación que emane del CFPB, en la medida en que se considere que puede afectar o vulnerar la seguridad o la solvencia del sistema bancario o la estabilidad del sistema financiero. Más aún, antes de que el CFPB dicte una regla determinada, debe efectuar las consultas pertinentes con los reguladores prudenciales y con otras agencias federales, de modo que cualquier objeción sea incluida en la regulación.
Volviendo a Chile, nos encontramos con que el proyecto de ley no establece ningún contrapeso a la facultad de dictar normas de carácter general, lo que podría llegar a generar un conflicto con normativas dictadas por otros organismos reguladores como la SBIF o la SVS, entre otros.
El director del Sernac ha señalado la intención del Gobierno de generar una política nacional de protección al consumidor, creando un sistema integrado de protección al consumidor, encargado de la coordinación y resolución de conflictos, en el que participarían representantes de agencias públicas reguladoras y fiscalizadoras. Sin embargo, la lenta tramitación del proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera no hace más que augurar muchos años de descoordinaciones entre el Sernac y otros reguladores. No olvidemos lo territoriales que son los leones.
