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Alto contrasteMás competencia en la industria de seguros
El terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 removió con fuerza a nuestro país, de forma literal, pero también metafórica, sacando a la luz una serie de situaciones, algunas de cuales no eran del todo evidentes hasta ese momento...
El terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 removió con fuerza a nuestro país, de forma literal, pero también metafórica, sacando a la luz una serie de situaciones, algunas de cuales no eran del todo evidentes hasta ese momento. Tras el desastre, asomaron y/o se confirmaron aspectos de nuestra realidad positivos y alentadores (como, por ejemplo, nuestra capacidad como país para ayudarnos mutuamente y enfrentar la adversidad), pero también otros más bien preocupantes (tales como la falta de preparación ante este tipo de situaciones y las escenas de violencia y saqueos).
En este contexto, la realización y supervisión del proceso de ejercicio masivo de los seguros asociados a los créditos hipotecarios producto de los numerosos casos de derrumbe o inundación de viviendas, así como de muerte o invalidez de deudores, pusieron de manifiesto ciertos problemas asociados a la contratación de dichos seguros: altos niveles de comisiones, escasa transparencia respecto de los precios, y, en ciertos casos, bajas tasas de cobertura.
Las personas que acceden a un crédito hipotecario están obligadas a contratar seguros de incendio y de desgravamen. Asimismo, la práctica del mercado ha llevado a la contratación de seguros adicionales, como, por ejemplo, de terremoto y salida de mar e invalidez del deudor. Las entidades crediticias usualmente contratan estos seguros, por cuenta y cargo de sus deudores, utilizando pólizas colectivas, que agrupan a todos los clientes de estos créditos o grupos importantes de ellos, lo que les otorga un fuerte poder de negociación y, por lo tanto, la capacidad de obtener tarifas más bajas.
Si bien lo anterior debiera representar un beneficio para los deudores, la evidencia demuestra que, en la práctica, este beneficio no les está siendo traspasado, debido a la existencia de comisiones que se pactan a favor de la entidad crediticia y del corredor de seguros. Estas comisiones, en conjunto, alcanzan niveles de hasta un 50% del costo (prima) del seguro, lo que aparece elevado en relación a eventuales gastos operacionales, así como respecto de las comisiones que los corredores de seguros usualmente perciben en este tipo de operaciones.
Adicionalmente, se observó que en los casos donde existía una aseguradora relacionada a la entidad crediticia, se daba una fuerte concentración de la colocación de estos seguros en esa compañía. Si a eso se suma la existencia de un corredor de seguros relacionado, lo que se obtiene es una situación en la cual aseguradora, corredor y entidad crediticia son empresas del mismo grupo económico, lo que dificulta obtener información precisa respecto a la descomposición del precio que están cargando estas entidades crediticias por los seguros.
Por otro lado, se observó también que, en ciertos casos, los seguros contratados sólo cubrían el saldo insoluto de la deuda, o incluso, un porcentaje de ésta, lo que supone una protección suficiente para la entidad crediticia, pero sólo limitada para el deudor.
Enfrentado esta realidad, el gobierno del presidente Sebastián Piñera se propuso introducir los perfeccionamientos necesarios para permitir que la contratación de los seguros asociados a los créditos hipotecarios se realice en condiciones de mercado y en términos tales que a los asegurados les sean traspasados los costos reales de los seguros involucrados, transparentando, a la vez, los precios de los distintos servicios asociados al proceso. Para ello, y como parte de la Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB), el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, el cual fue aprobado el 2 de noviembre.
En otras materias, la ahora ley obliga a todas las compañías que otorguen créditos hipotecarios a licitar públicamente los seguros asociados a éstos, los cuales deberán ser asignados al oferente que presente el menor precio, incluyendo la comisión del corredor de seguros, si correspondiere.
Estas medidas beneficiarán con menores costos y mejores condiciones tanto a los nuevos como a los actuales deudores de créditos hipotecarios (en la medida que los seguros de estos últimos se vayan renovando). Cálculos preliminares establecen que para un crédito de UF 2.000, equivalente al 75% del valor de la vivienda y a 20 años plazo, el costo de los seguros podría caer en unos $ 100 mil al año, lo que resulta particularmente relevante si se tiene en consideración que actualmente en Chile hay cerca de 1.250.000 de familias con créditos hipotecarios y que, anualmente, se otorgan entre 30 y 40 mil créditos de este tipo.
Esta columna fue hecha en conjunto con Jorge Tapia,asesor del Ministerio de Hacienda
