Negociación ramal: los costos de una mala idea
GONZALO GUERRERO Abogado y director de empresas
El actual Gobierno ha anunciado que presentará un proyecto de negociación ramal en los próximos días. Por su relevancia, es un tema para analizar desde los efectos económicos concretos que provocaría su implementación y que afectarían negativamente al mercado laboral. Como base hay que considerar que el desempleo en Chile se ha mantenido sobre el 8% por casi tres años, mientras la desocupación femenina sigue en torno a 9% y la informalidad es una realidad para más de 2,5 millones de personas. Una eventual reforma no es neutra en cuanto a sus efectos económicos. Tiene costos. Y esos costos los terminarían pagando los mismos trabajadores que se pretende favorecer con esta iniciativa.
Un estudio reciente encargado por Sofofa al economista Juan Bravo muestra los efectos que tendría una reforma como la que el Gobierno quiere presentar. Un proyecto de ley que establezca esquemas de negociación sectorial puede elevar los costos laborales agregados en hasta 7,4%, incluso bajo supuestos conservadores. En una economía con bajo crecimiento, productividad detenida y un mercado laboral frágil, ese aumento no se absorbe sin consecuencias. Con los datos aportados en el estudio, se puede estimar que un alza de esta magnitud en los costos laborales podría traducirse en la pérdida de hasta 135 mil empleos asalariados formales en el sector privado en el largo plazo. No se trata de despidos inmediatos ni de un shock puntual. Es algo más silencioso, continuo y persistente, puestos de trabajo que simplemente no se crean, oportunidades que no aparecen, decisiones de inversión que se postergan o que buscarán alternativas en otros países.
“El problema central de la idea es que introduce rigideces en un mercado que clama por más flexibilidad. Las empresas no son homogéneas, ni siquiera dentro de un mismo sector”.
El problema central de la idea de la negociación ramal es que introduce rigideces en un mercado que clama por más flexibilidad. Las empresas no son homogéneas, ni siquiera dentro de un mismo sector. Sus niveles de productividad, tamaño, acceso a financiamiento y niveles de maduración son distintos. Forzar condiciones laborales uniformes desde una mesa sectorial desconectada de esa realidad implica fijar costos por sobre la capacidad real de muchas empresas, especialmente las PYME.
A ello se suma un riesgo institucional relevante. Tal como he sostenido con anterioridad, la negociación ramal tiende a desplazar la relación laboral desde el espacio de la empresa hacia estructuras más politizadas y centralizadas. Se debilita la negociación directa con los trabajadores, se reduce el margen de acuerdos adaptados a cada realidad y se incentiva el conflicto como herramienta de presión.
Nada de esto contribuye a mejorar el bienestar de los trabajadores. Por el contrario, en un contexto donde el empleo formal ya enfrenta presiones por salario mínimo, reducción de jornada y mayores cotizaciones, sumar una reforma que eleva costos sin productividad asociada es empujar al mercado laboral a un punto de tensión innecesario y riesgoso.
Chile necesita más crecimiento, más inversión y más empleo formal. Eso exige reglas laborales que fomenten la cooperación, la adaptabilidad y la productividad, no esquemas rígidos que trasladan riesgos económicos a quienes tienen menos capacidad de absorberlos.
La negociación ramal puede sonar bien en el discurso populista. Pero en la práctica, amenaza con convertirse en un nuevo obstáculo al desarrollo, un costo país adicional y una oportunidad perdida para nuestro país y para miles de trabajadores que hoy necesitan algo muy concreto, un empleo formal que difícilmente llegará.
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