Tomas, marchas y paros

Olga Feliú

El número importante de tomas, marchas y paros lleva a preguntarse si estas manifestaciones de la sociedad debieran ser consideradas, sin más, como medios legítimos y suficientes para provocar cambios esenciales, tales como reformas constitucionales u otros. Esto es, si ellas serían aptas para sustituir -aunque sea parcialmente- el sistema democrático que nos rige, según el cual la soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas y, también, por las autoridades que la Constitución establece. Aclarando que “ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.

Según nuestra Carta Fundamental, de acatamiento obligatorio, tales tomas y paros, por sí solos, no pueden convertirse en fuente de obligaciones para las autoridades, ni en manifestación de una voluntad mayoritaria. Por grandiosa que sea una marcha, o los integrantes de un paro o toma, el número que lo expresa no refleja necesariamente el total de personas que tienen derecho a emitir su opinión sobre la materia.

Lo anterior es sin perjuicio, por cierto, que tales expresiones populares, ajustadas a la normativa vigente y con planteamientos fundados, deban ser apreciadas por las autoridades competentes, en el mérito de lo propuesto.

Pero hay otros aspectos dignos de destacar de estas manifestaciones. Las marchas provocan graves trastornos en el desenvolvimiento de las actividades normales de la ciudad. Las personas que estudian o deben cumplir trámites en los lugares en que ellas se desplazan se ven impedidas de hacerlo, quienes trabajan deben terminar sus jornadas en forma anticipada y, cuando ello no es posible, se ven impedidas de llegar a sus hogares en las horas acostumbradas y en forma normal.

¿Por qué la ciudadanía debe soportar tal deterioro en su calidad de vida? ¿Quién se lo compensa? ¿Quién resarce al comercio que debe terminar en forma anticipada? Sobran los comentarios sobre los destrozos.

El restablecimiento de la normalidad en el funcionamiento de los colegios, universidades y en las ciudades es urgente. Los alumnos para aprender deben asistir a clases; lo que no estudian, por encontrarse en paro, no lo recuperarán nunca, ocasionándose, a sí mismos, un perjuicio irreparable.

Esta labor no compete únicamente a las autoridades. Esta es una tarea de todas las fuerzas políticas.

Los petitorios que plantean los manifestantes son de distinta índole, pero las soluciones que se requieren, en la mayoría de los casos son legislativas, las que conciernen y son de responsabilidad de los partidos políticos, todos.

Todas las manifestaciones de que se trata, no pueden ser calificadas como el simple ejercicio del derecho de petición y una demostración de una democracia más activa y participativa. Desde luego, porque hay manifestaciones con violencia, como la ocurrida con el ministro Lavín y otros ministros.

Pero además las tomas mismas son ilícitas, ellas constituyen delito. Se trata de ocupaciones por la fuerza, en que el dueño o administrador del establecimiento no las ha autorizado.

Como lo ha destacado Monseñor Ezzati, la violencia engendra más violencia. Debe haber un repudio general a la violencia, como también lo hizo ver días atrás el ex ministro Pérez Yoma, quien en el pasado la sufrió junto a su familia.

Los partidos políticos deben dar demostración de madurez y sentido de responsabilidad, y abocarse a buscar los cauces regulares -dentro del orden institucional- para dar solución a aquellos problemas que la tienen y respecto de aquellos que ya han sido objeto de debate, y se han resuelto democráticamente, en sentido diferente, plantear en forma fundada al país, la improcedencia de los petitorios.

La responsabilidad por la erradicación de los medios violentos para provocar cambios concierne no sólo al gobierno, esa es una tarea de todas las fuerzas políticas y de sus líderes.