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Alto contrastePermisología: ¿Mejor regulación o mejor gestión?
JUAN JOSÉ OBACH DIRECTOR EJECUTIVO DE HORIZONTAL ALFONSO ESPAÑA INVESTIGADOR DE HORIZONTAL
El debate sobre la asfixiante permisología, que hoy es un freno para el crecimiento, se ha centrado principalmente en las fallas regulatorias que explican plazos excesivos e incertidumbre durante la tramitación de los proyectos de inversión. Sin embargo, se ha puesto poca atención a la gestión de los funcionarios públicos y, en particular, a los incentivos que enfrentan los directivos encargados de estos procesos.
En este contexto, hace unos días desde Horizontal (2025) publicamos un estudio donde analizamos los procesos de selección e indicadores de desempeño de doce servicios públicos críticos en la tramitación de los permisos de inversión, abarcando un total de 188 funcionarios directivos.
“Si avanzamos solo por el frente regulatorio, dejando de lado la gestión de los funcionarios públicos, difícilmente cumpliremos con los plazos legales o administrativos que se definan”.
Los resultados son preocupantes: quienes lideran los servicios responsables de procesar permisos, no tienen incentivos para cumplir su labor dentro de tiempos de tramitación expeditos. En primer lugar, 135 de los 188 directivos analizados (72%) no son seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), lo que implica que no tienen convenios de desempeño asociados a su gestión. Esto significa que no necesariamente son seleccionados por procesos competitivos y que tampoco cuentan con indicadores que evalúen su gestión y entreguen recompensas por un buen rendimiento.
Por otra parte, el universo de 53 directivos ADP de las instituciones analizadas es evaluado con 341 indicadores, de los cuales solo 40 (12%) se relacionan con la tramitación de permisos de inversión. Estos indicadores se concentran en el Servicio de Evaluación Ambiental y en el Servicio Agrícola Ganadero. Por el contrario, a pesar de ser seleccionados por ADP y de su importancia en la celeridad de los proyectos de inversión, los directores de organismos como la DGA, Sernageomin o Dirección de Vialidad no cuentan con evaluaciones de desempeño asociados a la tramitación de proyectos.
Otro hallazgo relevante es que si bien el SEA posee indicadores de desempeño directamente relacionados con la permisología, hay algunos que derechamente generan incentivos perversos. Por ejemplo, se premia al director ejecutivo del SEA por el número de guías y/o instructivos publicados en el año de gestión, que en la última década han aumentado en un 364%.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N°21.770) representa un indudable avance para tener un esquema regulatorio más eficiente, predecible y transparente para la inversión en el país. Sin embargo, si avanzamos solo por el frente regulatorio, dejando de lado la gestión de los funcionarios públicos, difícilmente cumpliremos con los plazos legales o administrativos que se definan.
Para ello se requiere, entre otras medidas, expandir el SADP a directivos de instituciones responsables de aprobaciones como Seremi de Salud y de Medio Ambiente, las subsecretarías de Pesca, Bienes Nacionales, entre otros. Junto con esto, debemos incluir en todos los convenios de desempeño indicadores que midan plazos de tramitación y hacerlos públicos para el sano escrutinio de la ciudadanía. Para esto, es crucial que el diseño de esos indicadores sea monitoreado y evaluado por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales y solicitar a la Contraloría General de la Republica que se pronuncie con respecto a las consecuencias administrativas por el no cumplimiento de los plazos determinados en la ley.
