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Alto contrastePolítica industrial en litio
Hernán Cheyre V. Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), UDD
Hernán Cheyre
La noticia publicada en DF dando a conocer que las dos empresas chinas que habían sido seleccionadas por Corfo como productores especializados para fabricar cátodos y baterías de litio desistieron de sus proyectos, representa un duro golpe para la Estrategia Nacional del Litio que viene impulsando el Gobierno. En los contratos suscritos entre Corfo y las empresas SQM y Albermarle para explotar este mineral no metálico en los yacimientos del Salar de Atacama quedó establecido que parte de la producción tendría que ser destinada a empresas seleccionadas por Corfo para fabricar productos de mayor valor agregado, que utilicen el litio como insumo. El beneficio para las empresas elegidas consiste en poder adquirir el litio a precios preferenciales y en asegurarse el suministro del metal bajo esas condiciones durante un cierto período de tiempo. A cambio de esas condiciones, las empresas seleccionadas deben construir y poner en marcha los proyectos comprometidos. En el caso de las dos empresas chinas que desistieron de sus proyectos, y que iban a acceder a la cuota aportada por SQM, el compromiso total de inversión ascendía a US$ 523 millones.
“La mejor política industrial que se podría aplicar es disponer de un Estado ágil que sea una ayuda y no un obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos”.
Entre las razones que se han dado a conocer para explicar el desestimiento se ha mencionado el cambio en las condiciones de mercado del litio -su precio ha bajado en forma considerable-, pero también la existencia de trabas burocráticas que han impedido a estas empresas avanzar en sus respectivos proyectos. En el caso particular de BYD, ya el año pasado la empresa había hecho ver su preocupación por la dificultad para poder acceder a terrenos donde poder instalar su planta de cátodos de litio, proceso en el cual estaba interactuando con el Ministerio de Bienes Nacionales, hasta que la empresa china formalmente habría desistido del proyecto en enero pasado.
Las explicaciones para entender el desestimiento de estos proyectos son ciertamente de variada índole, pero si hay una lección que se puede extraer de este caso es que las políticas industriales que utilizan incentivos artificiales para impulsar el desarrollo de proyectos en determinados sectores -más allá de las objeciones conceptuales y prácticas que se puede hacer al enfoque de la selectividad sectorial- no permiten alcanzar el objetivo buscado si las condiciones de base no son suficientes.
Algo similar ocurrió con un proyecto para construir un importante proyecto de hidrógeno verde en la región de Magallanes, el cual, atrapado en la maraña de permisos y aprobaciones, no pudo seguir avanzando como estaba contemplado originalmente.
La mejor política industrial que se podría aplicar en el país en las actuales circunstancias es la de disponer de un Estado ágil que sea una ayuda y no un obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, con todo lo que ello implica en términos de permisos y aprobaciones.
Y en el caso particular del litio, más que establecer tratos preferenciales a empresas específicas para intentar crear una ventaja comparativa que el país no tiene – de haberla, las empresas se instalarían sin necesidad de estímulos especiales-, en lo que sí se debe avanzar es en hacer concesible la explotación del litio para abrir la industria a todos los operadores interesados.
La ventana de tiempo para Chile es limitada.
