Prioridad: proteger la innovación y la propiedad intelectual

Lorenzo Montanari

Los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos fundamentales reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También están protegidos por la Constitución Política de la República de Chile. Y es por una buena razón. Los países que brindan protección robusta a los derechos de propiedad tienen un PIB per cápita 21 veces mayor que los países con protecciones débiles y el ingreso per cápita en aquellos países es 20 veces mayor que en estos últimos países.

Históricamente, Chile ha sido un fuerte defensor de los derechos de propiedad intelectual. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (International Property Rights Index), realizado por la Alianza de Derechos de Propiedad (Property Rights Alliance), sitúa a Chile en la posición número 1 en toda Latinoamérica y el Caribe. Este historial de protección de la propiedad intelectual, combinado con las reformas chilenas de libre mercado, ha desembocado en un ambiente propicio para la innovación y para que surjan inversionistas dispuestos a financiarla.

La protección a los derechos de propiedad intelectual no es importante solamente a nivel micro, sino que también es esencial a nivel macro. Un país que tiene una sólida protección sobre los derechos de propiedad intelectual da a los inversionistas extranjeros y a las marcas internacionales la señal de que sus creaciones gozarán de seguridad jurídica, lo que es relevante al decidir dónde invertir o expandir sus operaciones. Lamentablemente, en el discurso y debate público, los beneficios derivados de la protección de los derechos de propiedad intelectual no siempre salen airosos o son visibles, lo que lleva al nacimiento de propuestas de corto plazo que limitan estos derechos. Por ejemplo, las patentes son frecuentemente atacadas porque entregan derechos exclusivos a sus propietarios, permitiendo que solo ellos puedan explotar los productos protegidos. En el debate de la iniciativa conocida como Fármacos II, este planteamiento se ha efectuado y se han ingresado indicaciones que debilitan preocupantemente los derechos de propiedad industrial. Pero, al contrario de lo que se plantea, diversos estudios muestran, como el de Leveque y Meniere, que el 80% de los negocios de Estados Unidos, Europa y Japón, derivan de información divulgada como resultado del proceso de patentar algún descubrimiento. Este proceso es crucial para la transferencia de información y tecnología, porque la protección garantizada por la patente elimina el incentivo a ocultar información. Que esta información sea revelada es fundamental para que la innovación se desarrolle, lo que es esencial en áreas prioritarias como lo es la salud.

El aumento de disponibilidad de productos de alta tecnología, la mantención de altos niveles de investigación y desarrollo y el incremento del intercambio de información, facilitado por las patentes, permiten que la economía de un país se desarrolle y comience a ser protagonista en la creciente economía global interconectada. Y son estos avances los que se ponen en riesgo cuando se horadan los derechos de propiedad intelectual, tal y como ocurre en el proyecto de ley de Fármacos II. Esto genera perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y, lo más importante, a los consumidores chilenos. Las autoridades chilenas deben mostrar su compromiso decidido con el fortalecimiento de las protecciones existentes a los derechos de propiedad intelectual, pues ese es el camino que finalmente estimula el crecimiento y fomenta la competencia, lo que a su vez resulta en la disminución de precios para los consumidores.