Los gestores tras el megaproyecto inmobiliario conocido como Eco Egaña Comunidad Sustentable, ubicado en Ñuñoa, ya ficharon a un nuevo abogado, luego de que decidieran revocar el patrocinio a los abogados Mario Vargas Cociña, Eduardo Lagos Herrera y Gabriel Silber, los dos primeros formalizados en el caso “Trama Bielorrusa”.
Se trata del fichaje de José Miguel Gana, quien el 3 de diciembre tomó el caso de la demanda civil que la sociedad Plaza Egaña SpA -ligada a Inmobiliaria Fundamenta- había activado en diciembre de 2023, en contra del Fisco de Chile.
En esa acción, la firma reclama una indemnización por los perjuicios que estima la firma le ocasionó la paralización de la obra entre abril de 2022 y marzo de 2023, tras una decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), a la que atribuye una actuación dolosa, en una decisión tomada en medio de irregularidades, y acusando una intervención política partidista de agentes del Estado, tales como la delegada presidencial, Constanza Martínez, y su entonces jefe de Gabinete, Miguel Concha, entre otros funcionarios de Gobierno.
Y en una inédita situación, el nuevo abogado constató que en la causa hay información que está perdida y que faltan folios en el expediente. En particular, se trata de las actas de declaraciones de seis personas que entre el 24 y 28 de abril de este año habían concurrido precisamente como testigos de Plaza Egaña SpA.
Se trata de los testimonios de Rodrigo Benítez, ex subsecretario de Medio Ambiente y quien fue el abogado que llevó el caso medioambiental por parte de la firma; también de Alfredo Palomino, el gerente de Arquitectura de Fundamenta. Y también de otros cuatro profesionales: Edesio Carrasco (también abogado del estudio especialista en derecho ambiental Carrasco Benítez), Juan Pablo Polverelli (el administrador de obra en Inmobiliaria Fundamenta), Ismael Retamal (gerente de Obras de Fundamenta, mandante de la constructora) y Carmen Pedraza (gerente general de la empresa de inspección técnica FIT, que es parte del grupo).
En uno de los documentos de la causa civil en la que el abogado Gana evidencia esta situación, se habla de “salto de 6 folios” en la carpeta. Y si bien allí se hace mención a reiterados intentos de comunicarse con el receptor judicial, Francisco Muñoz, para intentar regularizar y subsanar esta pérdida, esto no ha ocurrido a la fecha, pues Muñoz está no habido.
Personas que conocen del caso dicen que es profundamente irregular que se desparezcan folios de una causa. Están sorprendidos y recalcan que el perjudicado es Plaza Egaña SpA. “Son nuestros testigos y tenían conocimiento de todos los hechos administrativos que provocaron los daños que se busca indemnizar”, dice un cercano a la demandante quien, contactado por DF MAS, dijo a condición de reserva que no se explican cómo los anteriores abogados Vargas y Lagos no se dieron cuenta de esta situación y no tomaron medidas al respecto a su debido tiempo, porque hoy sólo están las declaraciones de testigos aportadas por el Fisco.
Estas personas familiarizadas con el caso manifiestan que incluso podrían ejercer acciones legales por la negligencia de los abogados anteriores, aunque -enfatizan desde esta vereda- la prioridad en este momento para Plaza Egaña SpA es el curso del juicio propiamente tal y que éste termine con un resultado favorable e indemnizatorio para la firma.
Esto, además, considerando que este juicio está hoy en una etapa cúlmine, porque ya está rendida parte muy importante de la prueba y sólo queda un peritaje contable pendiente antes de la sentencia, porque no quedan otras diligencias probatorias. Esta última diligencia busca tener un informe independiente sobre los eventuales perjuicios a la compañía ante la paralización de un año. Hace unos meses Plaza Egaña SpA había adjuntado al proceso su propio informe económico hecho por la firma Budnevich & Asociados (B&A), que había constatado daños por 2,5 millones de UF, unos US$ 105 millones.
Vargas y Lagos están recluidos con prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, tras ser formalizados en el caso conocido como la “Trama Bielorrusa”, que también involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a su pareja Gonzalo Migueles. El Ministerio Público los acusa de haber recibido pagos tras los fallos que favorecieron al Consorcio Belaz Movitec (CBM), en perjuicio de Codelco, en el contexto de una causa judicial en que estas dos compañías tuvieron un desacuerdo contractual en el proyecto Rajo Inca.
Coincidentemente, en esta causa legal también se desapareció un folio, una resolución de la Corte Suprema que favorecía a Codelco cuando no estaba integrando la sala Ángela Vivanco, aunque esta resolución -que declaraba inadmisible un recurso de CBM- fue encontrada posteriormente.
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