Fue un día antes de celebrar Año Nuevo. El 30 de diciembre de 2024, los abogados de tres sociedades de inversión acudieron a la justicia estadounidense para presentar una extensa demanda civil. El documento detallaba acusaciones de fraude, incumplimiento de contrato y violación del deber fiduciario, además de imputar transgresiones a las leyes de valores y de competencia desleal.
Quienes están detrás de las sociedades -domiciliadas en Delaware y Panamá- son miembros de una familia chilena: los Huneeus Alliende, un clan con intereses diversificados en el mundo de los negocios y que durante la década pasada comenzó a invertir en proyectos inmobiliarios en distintas zonas de Estados Unidos, como Texas, Utah y Carolina del Sur.
A raíz de esas apuestas nació la disputa judicial que se mantiene activa y que acusa a los gestores de dichos proyectos, Ed Monce y Enrico Scolari -aparte de una serie de sociedades-, de orquestar una conspiración con elementos similares a un esquema Ponzi. ¿El objetivo? Posiblemente, detalla la acción judicial, desviar recursos hacia beneficios personales o para pagar a otros inversionistas.
El vínculo de Cruzat
Todo partió en 2019. Ese año, los Huneeus -comandados por el padre, Ramón Huneeus- decidieron invertir en el mercado inmobiliario estadounidense. No eran novatos en los negocios: el clan ya gestionaba desarrollos en Chile y tenía presencia en el sector agrícola.
Según detalla la acción judicial, el puente para ese desembarco fue Nicolás Cruzat. Él, según la demanda, era asesor de Ramón Huneeus y contaba con una trayectoria en el mercado estadounidense tras trabajar más de siete años en Transwestern, una firma inmobiliaria con más de US$ 5.300 millones de activos bajo administración.
En esa compañía conoció a Ed Wlodarcyzk, quien en 2019 se desempeñaba como managing director de DAS-Alliance, una de las firmas fundadas por Monce y Scolari dedicada al desarrollo de proyectos de real estate. Producto de ese vínculo, relata el libelo, Wlodarcyzk contactó a Cruzat para informarle que sus jefes buscaban socios para proyectos específicos.
El resto es historia. Según el escrito judicial, Monce y Scolari “se aprovecharon de la relación previa y la familiaridad personal” entre Wlodarcyzk y Cruzat para convencer a este último de captar capital. El esquema, de acuerdo a la acción judicial, funcionó y los Huneeus empezaron a inyectar los primeros millones de dólares.
El grupo destinó recursos a desarrollos residenciales en Texas, Utah y Carolina del Sur. Ese fue el inicio de una relación que, cinco años después, terminaría en la Corte del Distrito Sur de California y que sigue sin resolverse.
Las inversiones
A mediados de 2023, la relación se empezó a quebrar. Según el libelo, Monce y Scolari comenzaron a ignorar las solicitudes de información de los inversionistas.
La primera inversión ocurrió en mayo de 2019. La sociedad Hall Investments invirtió US$ 500 mil en el proyecto Ashley West, un complejo residencial en Charleston, Carolina del Sur. Luego, en noviembre de ese año, inyectaron otros US$ 400 mil y, en diciembre de 2021, US$ 525 mil adicionales. En total, el desembolso sumó US$ 1,4 millones. Lo que pasó, relata la demanda, es que los gestores vendieron la propiedad a un tercero en septiembre de 2022, pero no habrían pagado a los chilenos los beneficios ni el dinero correspondiente a la venta del activo.
Algo similar ocurrió en septiembre de 2022 con un proyecto de villas en Texas. Allí la sociedad New Hall Investments invirtió US$ 1 millón, pero, acusan, el demandado no pagó el rendimiento preferente adeudado. Además, después de la decisión de la sociedad gestora de no adquirir los terrenos donde se desarrollaría el complejo, tampoco reembolsó la inversión original de US$ 1 millón.
En ese mismo momento, y mediante la misma entidad, llegó un proyecto de lofts en Utah: la idea, relata la demanda, era desarrollar un complejo habitacional bajo un modelo de retorno trimestral. Al igual que en Texas, desembolsaron US$ 1 millón, pero los inversionistas acusan que nunca recibieron los pagos de intereses pactados.
De acuerdo al libelo, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, una sociedad demandada falló en pagar cualquier interés trimestral. Posteriormente, relata la demanda, Monce y Scolari contactaron a los inversionistas chilenos con una propuesta: solicitaron US$ 1 millón adicional, supuestamente para financiar la obtención de permisos de construcción del proyecto en Utah. Los inversionistas accedieron y transfirieron los fondos en marzo de 2023, pero, alegan, el préstamo nunca fue devuelto.
“Los demandados engañaron deliberadamente a los demandantes sobre el uso previsto de sus inversiones y luego utilizaron esos fondos de inversión para obtener beneficios personales y/o para pagar de forma selectiva y estratégica a otros inversores, en un esfuerzo concertado por ampliar y sostener aún más su plan fraudulento generalizado”, dice la demanda.
Todos esos elementos cimentaron la ofensiva legal. Ha pasado un año desde que el escrito ingresó a la Corte del Distrito Sur de California y, desde entonces, el expediente ha sumado pocos movimientos. Según conocedores, las partes mantendrían hoy una negociación bajo reserva para encontrar una salida alternativa al juicio.
Sin embargo, en caso de no alcanzar un acuerdo, la acción judicial sigue activa.
Contactada la oficina DAS-Alliance, no emitieron comentarios a DF MAS.
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Mateo Navas
