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Columnistas

¿Puede un país prosperar sin confianza?

Claudia Bobadilla, abogada y directora de empresas

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 1 de julio de 2025 a las 04:00 hrs.

El Estudio de Confianza 2025 de PwC y la Universidad Diego Portales, lamentablemente, confirma una realidad persistente: existe una desconfianza transversal y estructural hacia las instituciones en Chile, especialmente hacia el sector público, que obtiene la puntuación más baja entre consumidores (4,5/10). Este malestar no es solo una percepción, sino el resultado documentado de sistemas opacos, carentes de trazabilidad y de rendición de cuentas efectiva.
Esta crisis es, en gran parte, un problema de gestión. En otras palabras, no hay confianza porque no hay control, y no hay control porque seguimos gestionando el Estado como si estuviéramos en el siglo XX. Existen sistemas públicos que manejan enormes volúmenes de datos, pero carecen de las herramientas necesarias para organizarlos, creando así un terreno fértil para el abuso, la arbitrariedad y la erosión del sentido público del Estado.
El impacto económico es innegable. Diversos estudios de la OCDE sobre la confianza en las instituciones públicas, muestran que la confianza en el Gobierno, la justicia y otras instituciones públicas es un factor clave para el crecimiento económico, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública para fortalecer la confianza de los ciudadanos y promover el crecimiento económico.
Los premios Nobel de Economía 2024, Acemoglu, Johnson y Robinson, lo confirman: las instituciones inclusivas -con derechos de propiedad claros, estado de derecho y límites al poder arbitrario, en sistemas con alta confianza social- incentivan la inversión, innovación y el desarrollo sostenible, y con ello su desarrollo y prosperidad.
¿Y si la inteligencia artificial (IA) pudiera transformar la desconfianza en confianza, y esta última en una ventaja competitiva? No se trata de reemplazar funcionarios, sino de dotarlos de herramientas para actuar con transparencia y agilidad, detectando fraudes en licitaciones, optimizando los tiempos en la obtención de permisos, gestionando recursos hospitalarios y mejorando la experiencia del ciudadano.
Chile necesita un sistema de inteligencia pública robusto. Esto exige voluntad política y apertura a la colaboración. Las empresas tecnológicas y los gremios pueden impulsar alianzas público-privadas, desarrollando soluciones que beneficien a todos: un Estado eficiente reduce costos operativos y atrae inversión. Estonia, por ejemplo, utilizó IA para digitalizar el 90% de sus servicios públicos, aumentando la satisfacción y la confianza de los ciudadanos en la gestión fiscal.
La confianza no se impone, como señala el estudio, pero tampoco se reconstruye sin acción. Chile necesita decisiones audaces. Invertir en IA para el sector público no es una moda tecnológica; es una apuesta por la equidad, la eficiencia y la legitimidad. Es el algoritmo que nos falta para volver a creer.

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