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Alto contraste
Rodrigo Aravena
Al comenzar un año marcado por la renovación del ciclo político, aumentan las evaluaciones sobre las políticas y reformas implementadas en los últimos años. En ese contexto, quisiera destacar un ámbito crítico que, bajo cualquier análisis, no solo ha experimentado un deterioro significativo, sino que además se perfila como una de las principales preocupaciones del país: la situación fiscal.
Si bien han surgido análisis —a mi juicio, con cierto sesgo autocomplaciente— que sostienen que los niveles de deuda siguen siendo bajos en comparación con otras economías, no podemos ignorar la trayectoria creciente que esta ha mostrado, alcanzando máximos no vistos desde comienzos de los años ‘90. Aunque la situación fiscal puede examinarse desde múltiples perspectivas, es posible identificar algunos aspectos donde existe amplio consenso sobre la necesidad de profundas mejoras.
“El exceso de optimismo llevó a una expansión fiscal insostenible, cuyos efectos se acumularon, generando mayor gasto y ajustes más exigentes. Por ello, cobra más relevancia sincerar la meta fiscal de la próxima administración”.
Para comenzar, es fundamental avanzar en el fortalecimiento institucional de la política fiscal, de modo que exista no solo un mejor accountability respecto de las decisiones del Ejecutivo, sino también mecanismos que obliguen a realizar ajustes cuando se observen desvíos significativos en el balance fiscal. Aunque esta recomendación se ha levantado en un sinnúmero de ocasiones, el incumplimiento consecutivo de los compromisos fiscales durante los últimos tres años —y que, según lo anticipado por el propio Ejecutivo, se habría repetido en 2025— no solo afecta las finanzas públicas del año correspondiente, sino que genera un efecto acumulativo que repercute en el futuro. Esto impacta no solo los niveles de déficit, sino también dimensiones, como la disponibilidad de recursos en los activos del Tesoro Público, que según datos a noviembre cayeron a solo US$ 25 millones, muy por debajo de los US$ 4.000 millones registrados hasta 2022. La situación resulta aún más preocupante considerando que, pese a un ciclo favorable del cobre y una recuperación marginal del PIB, no se ha logrado reducir el déficit fiscal.
Asimismo, es relevante introducir mejoras en diversas etapas de la implementación de la regla fiscal. La persistencia de déficits durante más de una década responde, en parte, a la sobreestimación de la capacidad de crecimiento tendencial de la economía. Por varios años, hasta el inicio de la pandemia, se adoptaron decisiones de gasto bajo el supuesto de un crecimiento potencial superior al 3%, lejos del promedio cercano al 2% observado desde 2014. Este exceso de optimismo llevó a una expansión fiscal insostenible y cuyos efectos se acumularon con el tiempo, generando mayores compromisos de gasto y, por ende, la necesidad de ajustes más exigentes hacia adelante. Por ello, cobra aún más relevancia sincerar la meta fiscal en la próxima administración, incluso si esto implica reconocer que el equilibrio estructural no se alcanzará en el corto plazo.
No puedo finalizar sin mencionar la importancia de fortalecer aún más el rol del Consejo Fiscal Autónomo, cuya labor como contrapeso técnico, independiente del ciclo político, se vuelve especialmente crucial en momentos como el actual. Tengo la convicción de que abordar estos y otros desafíos permitirán construir un mejor legado para las finanzas públicas en el futuro.
