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Alto contrasteNumerosos son los estudios y diagnósticos en los que se destaca la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones públicas y privadas, derivada de la falta de confianza de que éstas cumplan con el rol social que les compete, más allá de todo tipo de presiones, provengan de donde provengan. Ya sea se trate del sector político, judicial, empresarial, e incluso las iglesias, pesa sobre éstos la sospecha y suspicacia de que sirven a sus propios intereses antes que al bien común. Por lo tanto, este es un desafío importante que nos toca a todos el revertir esta percepción pública, para lo cual el compromiso debe orientarse a mantener altos estándares de transparencia, un comportamiento ético intachable, y dar señales concretas de escucha, diálogo e inclusión. Así, será posible recuperar paulatinamente la confianza y legitimidad perdidas.
Sin embargo, es particularmente alarmante cuando la ciudadanía percibe parcialidad respecto a la que debiera ser aquella “dama de los ojos vendados”, la justicia, que con objetividad se limita a sopesar la evidencia y los hechos para emitir su veredicto y hacer justicia “sin mirar a quien”. Cuando la justicia cumple su rol, está generando un círculo virtuoso en la sociedad, pues pone un importante contrapeso a la conducta corrupta o desviada de las normas que nos rigen. Incluso los jueces pueden equilibrar leyes imperfectas o deficientes, o llenar de vacíos legales, cuando aplican su criterio y sentido de justicia. Se trata en efecto, de una importante garantía a la convivencia democrática de la sociedad.
¿Qué señales preocupantes está observando hoy la opinión pública? Es bueno que se acuse recibo del hecho de que estas señales no pasan desapercibidas y que tienen un impacto en el clima de desconfianza e incertidumbre que parece asentarse cada vez más en nuestro país. Por ejemplo, el hecho de que las cámaras y luces de la televisión se instalen en tribunales para transmitir en vivo y en directo la formalización y sentencias de procesados de casos de alta connotación pública. Reconociendo el interés mediático, el impacto que generan y el deber de informar de éstos, el tratamiento que se les ha estado dando el último tiempo ha adquirido connotación de reality, con el morbo que lleva aparejada esta situación.
No es sano que la sociedad perciba que existen dos tipos de justicia en nuestro país: una que se aplica al ciudadano común y corriente, y una que se aplica a quienes tienen una situación de privilegio, ya sea por su cargo, por su tendencia política o por su situación económica. Como sociedad, necesitamos tener garantías de que así como en un proceso de elección democrática todos los votos se cuentan de la misma manera, al momento de enfrentar un proceso judicial o de tener que rendir cuentas por una conducta reñida con las normas éticas, todas las personas serán consideradas en su mismo mérito.
Si estas garantías dejaran de existir, quedaría instalada la sensación de impunidad o disparidad respecto a la vara con que medimos las conductas de quienes ostentan cargos de connotación pública, ya sea en organismos públicos o privados. No es sano para construir confianza en las instituciones que se instale la idea de que existen tratos preferenciales hacia las personas de una determinada tendencia política, ni que ante hechos de similar envergadura, algunos sean consideradas como un peligro para la sociedad, y otros no lo sean.
Respecto a estas delicadas maneras, no tiene sentido alguno buscar el empate o invocar la excusa de “el mal de muchos”. Las comparaciones, si bien son odiosas, a veces traen mensajes potentes. Es imposible no comunicar, sobre todo para quienes están bajo el ojo público. Existe una máxima en la teoría de la comunicación que dice, en forma simple, que todo comunica. Incluso aquello que no decimos.
Es relevante tomar conciencia de esto, para todos quienes en un ámbito u otro, tenemos un rol de liderazgo, una responsabilidad social y moral en la construcción del país que soñamos.
