VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Sergio Lehmann
El fuerte incremento de la delincuencia en los últimos diez años ha traído consigo no solo efectos sobre nuestro bienestar, producto de cambios en conductas y temores que experimentamos, sino que además genera un impacto económico relevante. La evidencia muestra que los incrementos en la inseguridad llevan a una asignación ineficiente del capital, debido a la necesidad de fortalecer la seguridad en las empresas. Vemos un menor bienestar social, en respuesta al golpe que se genera en la calidad de vida de las personas, entendiendo que en respuesta al temor reducen su movilidad, cambian conductas y optan por reducir actividades de recreación. Aumentan además los costos en los sistemas de prevención y justicia, por acumulación de causas o crímenes. Se advierte también una precarización del mercado laboral, debido a que la informalidad toma mayor protagonismo. Sumado a lo anterior, se reconoce fuga de capital humano, frente a la búsqueda de entornos más seguros, al tiempo que se erosiona su calidad, ante el mayor ausentismo escolar y rotación en los docentes que la inseguridad genera.
El número de asesinatos por cada 100 mil personas es un indicador comparable internacionalmente. Desde 2016 a la fecha éste se ha casi duplicado en nuestro país, pasando desde 3,4 a 5,4 a la fecha, reflejo del clima más violento que se ha instalado. A pesar de que la cifra se ubica por debajo el promedio de América Latina, que llega a cerca de 20 asesinados al año por cada 100 mil habitantes, es el doble del estándar observado en los países más avanzados.
“El clima de inseguridad que se instala es, desde el punto de vista económico, una suerte de impuesto regresivo, al golpear con especial fuerza a los segmentos vulnerables de la población, que disponen de menos herramientas para hacer frente a la violencia”.
En Bci Estudios hemos estimado el costo económico de ello. A través de un modelo empírico que corrige por inversión y factores de tendencia, calculamos que, si el nivel de delincuencia se hubiese sostenido en los niveles que exhibíamos en 2016, el crecimiento económico promedio desde entonces a la fecha habría sido 0,6% superior. Esto significa que, sin suponer ajustes en el tipo de cambio, el PIB de hoy medido en dólares sería US$ 22 mil millones superior, por lo que alcanzaría los US$ 379 mil millones. Con el monto extra que se estima para el tamaño de la economía de haber mantenido bien controlada la delincuencia, habría sido posible construir cerca de 150 hospitales completamente equipados, 15 estadios de fútbol de primer nivel para 80 mil espectadores o 2 mil kilómetros de carreteras, que, dicho sea de paso, habrían llevado a incrementos en la productividad y en la calidad de vida de la población.
Es importante hacer ver que el clima de inseguridad que se instala es, desde el punto de vista económico, una suerte de impuesto regresivo, al golpear con especial fuerza a los segmentos vulnerables de la población, que disponen de menos herramientas para hacer frente a la violencia.
Los efectos multidimensionales y recursos que se han comprometido hacen urgente adoptar medidas para contener la delincuencia, entendiendo que, más allá de los efectos que en sí mismos generarían en el bienestar social, potenciarían el crecimiento de la economía. El Gobierno lo tiene del todo claro y es uno de sus ejes. Para lograr ese objetivo, aun sabiendo lo exigente y pedregoso del camino, es clave fortalecer el trabajo de las policías, aumentar el control de las fronteras, reforzar la inteligencia policial y utilizar la capacidad de nuevas tecnologías, de forma de desarticular la acción de bandas criminales y del crimen organizado. Ojalá podamos pronto comenzar a ver el resultado de este trabajo.
