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Alto contrasteTelecomunicaciones en Chile: entre el populismo y el rezago regulatorio
JORGE ATTON Exsubsecretario de Telecomunicaciones
En plena transformación digital global, la industria de las telecomunicaciones en Chile enfrenta una paradoja alarmante: mientras la demanda de conectividad se dispara, las condiciones para sostener al sector se deterioran rápidamente. La pregunta es urgente: ¿las políticas públicas de telecomunicaciones están preparadas para enfrentar los desafíos futuros? La respuesta es clara: no lo están.
Durante años, Chile fue un referente regional en adopción tecnológica y despliegue de infraestructura. Hoy, sin embargo, ha pasado de ser pionero a quedar rezagado. La implementación del 5G es un caso emblemático: una promesa temprana frenada por conflictos regulatorios, judicializaciones y la falta de visión estratégica del Estado. Más que un símbolo tecnológico, el 5G representa una herramienta clave para la economía digital, actualmente sofocada por la descoordinación institucional.
“Colaborar no es renunciar ni conformarse con poco. Significa abrirse, alinear intereses y entender que el éxito sostenible solo se alcanza cuando todas las partes sienten que ganan”.
El problema no termina ahí. La industria enfrenta una sobrerregulación asimétrica que desalienta la inversión y la innovación. Normas obsoletas, trabas territoriales para el despliegue de infraestructura y un marco de neutralidad de red que requiere una actualización urgente, configuran una realidad desconectada de la velocidad del cambio tecnológico y los estándares internacionales.
Ejemplos de estas distorsiones abundan: independientemente del comportamiento del mercado, se impone la existencia de cuatro o más operadores móviles, cuando países mucho más grandes -como Estados Unidos, China, Canadá y Brasil- operan con solo tres. Y, por otro lado, se obliga a las empresas a asumir costos por contingencias ajenas a su sector, como ampliar la autonomía de las baterías de las antenas ante apagones eléctricos o implementar engorrosas autenticaciones biométricas debido al aumento de fraudes financieros, sin posibilidad de recuperar esas inversiones.
A este escenario complejo se suman medidas populistas que, aunque bien intencionadas en apariencia, terminan debilitando el sistema. Un ejemplo es la postergación obligatoria de pagos para clientes en tiempos de crisis, que transfiere toda la carga a las empresas sin apoyo fiscal ni compensaciones proporcionales. Además, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se ha transformado en una plataforma política donde castigar a las empresas -y limitar su capacidad de ajustar tarifas para cubrir costos crecientes- se convierte en una estrategia para ganar votos.
En una industria caracterizada por márgenes ajustados y alta inversión, estas decisiones generan un riesgo sistémico que amenaza la sostenibilidad del servicio a largo plazo.
Recuperar una visión estratégica
Chile necesita con urgencia una visión estratégica renovada para las telecomunicaciones, basada en la colaboración público-privada, reglas claras y estables, y un enfoque de largo plazo. No basta con gestionar la contingencia: es imprescindible crear las condiciones para que el país se integre competitivamente a la economía digital. Las acciones concretas deben incluir:
• Facilitar el despliegue de infraestructura, eliminando trabas burocráticas y armonizando normativas locales con la urgencia del contexto digital.
• Garantizar acceso a espectro adicional con condiciones técnicas y económicas que fomenten la inversión.
• Actualizar la regulación de neutralidad de red para permitir una gestión más eficiente y adaptada al nuevo tráfico digital.
• Diseñar incentivos reales a la inversión, especialmente en zonas rezagadas, bajo modelos sostenibles.
• Establecer una gobernanza digital sólida, con visión técnica, estabilidad jurídica y coordinación efectiva entre organismos estatales.
En el contexto global -marcado por tensiones geopolíticas, aceleración tecnológica e inflación de costos operacionales- Chile no puede permitirse frenar ni perder competitividad por decisiones cortoplacistas o populistas. Lo que está en juego no es solo el futuro de una industria, sino el acceso de millones de personas a oportunidades de desarrollo a través de la conectividad.
Es momento de cambiar el rumbo. La sostenibilidad del sector de telecomunicaciones debe ser una política de Estado y ocupar un lugar central en el debate nacional si queremos que Chile siga siendo parte activa de la economía digital.
