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Alto contrasteLos desafíos que hoy enfrentamos como país en transparencia y participación ciudadana son muchos. La ley de Transparencia y Acceso a la Información llegó como un bálsamo el 2008 y al igual que la Ley de Lobby, se presentó como un piso sobre el cual construir estándares de transparencia y probidad más altos para el país.
En los últimos meses hemos visto casos en los que se ha detectado corrupción en el sector privado y su relación con lo público. El sector privado no está regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y es cierto que podríamos preguntarnos por qué debiese regularlo y para esto encontramos una respuesta más que convincente. Mucho del mundo privado es concesionario o administrador de bienes públicos y es importante que los ciudadanos sepamos cómo se administran y usan estos bienes.
Se podría argumentar que existen organismos del Estado encargados de fiscalizar las concesiones y el manejo de dichos bienes. Pero, ¿no sería una contribución que las empresas transparentaran información sobre licitaciones, costos, monto de utilidades, sueldos, intereses y como se reinvierten estos recursos para ofrecer un beneficio a la ciudadanía, sin que tuviera que existir regulación para esto? Sin duda esto llevaría a un aumento de confianza en la ciudadanía respecto de la administración de los bienes públicos y sabemos que desde la confianza y apertura –de todos los sectores- se mejora la gobernabilidad.
En el año 2011 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que "aumentar los niveles de apertura y transparencia también intensifica las oportunidades de participación ciudadana", y esto es clave para aumentar la fiscalización de la administración de los bienes de uso público por la sociedad civil.
Una ciudadanía con acceso a la información tiene más herramientas y puede intervenir con conocimiento de causa en el proceso de desarrollo de políticas públicas. Esto no sólo es un alegato en favor de la participación ciudadana per se, sino en torno a lograr más crecimiento y menos conflictos, lo que es una win-win situation para Chile. La confianza no sólo debe darse entre autoridades y ciudadanos, sino que también en el área del sector privado que administra los bienes de uso público. Con esto aumentamos los niveles de transparencia, evitamos conflictos y construimos mecanismos de co-responsabilidad en el manejo de estos recursos.
Siempre tenemos la posibilidad de construir, aún cuando los antecedentes para hacerlo sean casos negativos, porque esto se vuelve un aliento. Y por lo mismo, este es el momento para iniciar el debate sobre una modificación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que la amplíe al sector privado, especialmente para aquellas empresas que manejan bienes de uso público tan centrales como energéticas, mineras, radiotelecomunicaciones, AFPs y banca en general. Todo esto clave para continuar aumentando los niveles de probidad y transparencia como país, y ojalá también de confianza en las instituciones que administran los bienes ciudadanos.
