Tribunales Tributarios y Aduaneros

Desde de febrero de este año contamos con Tribunales Tributarios y Aduaneros operando en todo el país. Este hecho marca una verdadera revolución en la relación entre los contribuyentes y el SII y el Servicio Nacional de Aduanas, pues hasta entonces eran estos mismos servicios los que por ley estaban llamados a conocer en primera instancia de las controversias que se planteaban en su contra. El lector podrá percatarse inmediatamente de las pocas garantías de justicia que existen en cualquier sistema donde quien juzga es juez y parte. No obstante, vivimos así durante décadas y nos acostumbramos a una justicia a medias cuando teníamos un litigio con la autoridad tributaria. Sólo cuando nuestra causa llegaba a la Corte de Apelaciones teníamos acceso a un verdadero tribunal, pero a esas alturas ya podía ser muy tarde o quizá muy arriesgado, en especial si nuestras deudas tributarias crecen al 18% anual, por eso muchos optaban por “tragarse el buey” y evitarse conflictos con el SII.



Estos tribunales son una doble buena noticia. En primer lugar, porque nos permiten acceder a una justicia tributaria independiente e imparcial. En segundo lugar, porque con su operación obligan al SII y al Servicio Nacional de Aduanas a velar de una manera más rigurosa por la estricta legalidad de sus fiscalizaciones y cobros de impuestos. De otra forma se exponen a perder los reclamos que entablen en su contra los contribuyentes, como cualquier parte en un proceso legal que no hace las cosas bien. Esto implicará un cambio cultural en algunos funcionarios de la vieja escuela, acostumbrados a contar con un árbitro de su propio equipo. De ahora en adelante cada fiscalización y cada liquidación deberán ser muy bien fundamentadas, tanto en el hecho como en el derecho, con pleno respeto a los procedimientos administrativos y a las garantías que nuestro sistema legal otorga al contribuyente. De otra forma, las actuaciones de las autoridades tributarias serán anuladas por los nuevos tribunales.

Especial mención merece el “reclamo por vulneración de derechos” que se incorporó al conocimiento de estos tribunales especializados. Esta acción legal busca, a través de un procedimiento rápido y expedito, resguardar al contribuyente que estima vulnerados algunos de sus derechos constitucionales de (i) la libertad en materia económica, (ii) la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y (iii) el derecho de propiedad, por la actuación de la autoridad tributaria.