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Alto contrasteUna nueva inteligencia para enfrentar al crimen organizado
MAURICIO FERNÁNDEZ MONTALBÁN Director Ejecutivo Montalban Consulting, exdirector de ULDDECO de la Fiscalía Nacional
Debe reconocerse como una muy buena noticia el que luego de largos ocho años de tramitación, el Congreso haya despachado a ley la esperada reforma al sistema de inteligencia del Estado. El proyecto iniciado en el Gobierno del Presidente Piñera fue fruto del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública de 2018, en que expertos transversales, incluyendo a representantes del Ministerio Público, aportaron propuestas concretas para emprender los ajustes necesarios que la Ley 19.974 requería.
La permanente violencia en el sur, la seguidilla de artefactos explosivos en Santiago, los incendios del Metro en el estallido, la irrupción del Tren de Aragua y tantos otros fenómenos delictuales graves en los últimos años, en que además se cuestionó las contribuciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y de otros actores del sistema, hacían imprescindible avanzar en reformas a la inteligencia del Estado. De esta forma, los cambios apuntaron a profundizar herramientas, coordinaciones, controles y colaboraciones en una tarea pública compleja, silenciosa y esencial.
El nuevo marco normativo refuerza la coordinación entre inteligencia, seguridad pública y persecución penal, un elemento clave para enfrentar la criminalidad organizada.
El proyecto despachado por el Congreso avanzó en aspectos relacionados con la incorporación en el rol de colaboradores y proveedores de información y análisis de organismos que ejercen posiciones clave en la prevención y detección del crimen organizado. Estos incluyen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Gendarmería, entre otros.
También es valorable que se haya decidido profesionalizar y expandir la formación de agentes de inteligencia; ampliar las posibilidades de requerir información útil a cualquier organismo público; como también realizar operaciones especiales de recopilación de antecedentes -imponiendo responsabilidades penales a las personas jurídicas que no colaboren o entorpezcan su ejecución-, con uso de diversas técnicas y herramientas; permitiendo, por ejemplo, que la ANI pueda dar coberturas a través de la creación ad hoc de sociedades comerciales y civiles. A ello se suma el establecimiento de una política de Estado en inteligencia, la generación de planes y directivas para implementarla y la conformación de instancias de coordinación interinstitucional reforzada para lograr los objetivos trazados.
En materia de fortalecimiento de los controles que las facultades intensas otorgadas requieren, se avanzó además en jerarquía y uniformidad, al pasar de la responsabilidad de un ministro de cada Corte de Apelaciones a un control único por un ministro de la Corte Suprema.
Desastrosas experiencias como las operaciones Huracán y Topógrafo, en que se hizo un muy mal uso de la inteligencia, han dejado lecciones que se empiezan a considerar a nivel normativo. También es relevante el reforzamiento de las sanciones penales por la afectación del secreto de información y de operaciones.
Las nuevas autoridades del Ministerio del Interior y de la ANI tendrán el desafío mayor de implementar la nueva Ley con efectividad operativa, a fin de lograr que sean más evidentes los resultados de la inteligencia y de la contrainteligencia del Estado, de manera que de todos organismos que integran el sistema -o que se han incorporado como colaboradores especiales-, contribuyan a la prevención, detección, neutralización y control del crimen organizado y el terrorismo presente o relacionado con Chile.
Una reforma legal muy complementaria a la modificación de la Ley 19.974 es la que está en sus últimos pasos en el Congreso y que crea el “Sistema de Inteligencia y Análisis Económico”. Se trata de una instancia especial coordinada por la UAF, donde cumplirán un rol clave el Servicio Nacional de Aduanas y el SII, con el aporte de información que puede ser muy útil para la detección de criminalidad organizada a través de flujos económicos, financieros y otras operaciones. Ello, conectado con la inteligencia del Estado que coordina la ANI puede dar muye buenos frutos, a partir de la nueva forma de aproximarse a la faceta patrimonial de la delincuencia organizada.
En los más de 20 años en que ejercí como enlace del Ministerio Público con la ANI, pude aprender lo clave que es en el ámbito de le persecución penal velar por canales fluidos y permanentes de comunicación entre dos mundos muy diversos. Esto, en un marco de protección de lógicas y reglas esenciales de la inteligencia y de la investigación delictual, pues también es fundamental cuidar los años de inversión y esfuerzos de la inteligencia y sus agentes, junto con buscar fórmulas para superar conflictos y solucionar traspasos imprescindibles y muy excepcionales de información hacia el proceso penal.
Es de esperar que el nuevo marco normativo promueva la coordinación y el entendimiento entre las autoridades de la inteligencia del Estado, las de seguridad pública y las de persecución penal.
