VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteA tres años del rechazo constitucional
El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 quedará inscrito como uno de los hitos electorales más decisivos de las últimas tres décadas en Chile. El contundente rechazo por 62% de la propuesta constitucional no solo sepultó el texto, sino que redefinió el mapa político, instalando un punto de inflexión en la relación entre las expectativas ciudadanas y la dirigencia política. El desenlace no fue casual. Expresó la distancia entre una Convención Constituyente dominada por sectores que pretendieron hacer de ella un espacio de refundación y una ciudadanía que demandaba cambios, pero dentro de un marco de continuidad institucional.
El proceso, que nació con la promesa de superar las fracturas reveladas por el estallido social, terminó cooptado por fuerzas que buscaron imponer el peor de los diagnósticos sobre los últimos 30 años, uno en que se despreciaba el progreso, se insistía en que todo lo avanzado desde la transición carecía de valor y en el que se enarbolaba un camino que debía recorrerse desde cero. Prevalecía tras ello la idea –que se revelaría errónea– de que un grupo conformado por independientes, partidos débiles y pueblos originarios con escaños reservados era la voz auténtica de la calle, los herederos del estallido social y que, como tales, tenían la representación directa y sin mediaciones institucionales de la ciudadanía. Ese desprecio por los consensos, por los logros de la democracia y por las reglas compartidas fue castigado con severidad.
El resultado fue un proyecto constitucional que entre sus aspectos más controvertidos proponía la plurinacionalidad, con sistemas de justicia paralelos; la eliminación del Senado, debilitando los contrapesos republicanos; restricciones difusas a los derechos de propiedad; incertidumbre sobre la igualdad ante la ley; y un rediseño del equilibrio de poderes que generaba más interrogantes que certezas. Estimaciones de un connotado grupo de economistas –entre ellos Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara y Guillermo Larraín- cifraron entre 8,9% y 14,2% del PIB el costo fiscal de haber puesto en marcha la propuesta convencional.
El rechazo fue también un golpe a los sectores políticos que hoy están en el gobierno. El Frente Amplio y el Partido Comunista, impulsores entusiastas del texto y hoy sostén de la candidatura oficialista de Jeannette Jara, pretendieron hacer de la Convención un vehículo para consolidar un proyecto ideológico, pero se encontraron con un electorado que exigió certezas y moderación.
Es legítimo preguntarse qué habría ocurrido si lapropuesta se hubiese aprobado. El país se encontraría sumido en un proceso incierto, con reformas institucionales de difícil implementación, un Estado obligado a expandirse sin recursos suficientes y un marco jurídico debilitado. La gobernabilidad habría entrado en una etapa de fragilidad, con impactos en la inversión, la confianza y la estabilidad democrática. El rechazo preservó la continuidad institucional, activo central de Chile desde 1990.
El fracaso de la Convención fue el fracaso de la tesis de que bastaba con acumular mayorías circunstanciales para reemplazar un orden institucional sin diálogo ni acuerdos transversales. El rechazo fue un recordatorio de que la política debe volver al centro, a los acuerdos, a la moderación. Porque es allí donde se construye la confianza indispensable para cualquier proyecto de desarrollo sostenible.
