Por décadas, los polos inmobiliarios/turísticos en regiones se reducían a unos pocos nombres, y se repetían Viña del Mar, La Serena y Pucón. Pero, desde hace unos años, se han sumado zonas más ligadas a la naturaleza y a estilos de vida más tranquilos.
“Si uno mira de norte a sur, el interés por parcelas sin construcción de aproximadamente 5.000 metros cuadrados (m2) está creciendo fuerte. Los valores dependen del nivel de consolidación de cada zona, pero, en general, se mueven entre las UF 2.000 y UF 4.500 ($ 79 millones y $ 178 millones)”, explicó la gerenta comercial del área de valuations de Colliers, Daniela Salazar.
La intermediadora preparó para DF un análisis sobre los nuevos polos inmobiliarios/turísticos, partiendo por Huentelauquén (ubicada en la comuna de Canela, en la Región de Coquimbo), hasta Cerro Castillo (en la Región de Aysén).
“En general, todos estos lugares tienen precios todavía más bajos que los balnearios tradicionales y comparten un mismo tipo de comprador: profesionales entre 35 y 50 años, familias jóvenes o inversionistas que buscan una segunda vivienda en zonas naturales”, afirmó Salazar.
El director de Kayco International, Marcos Kaplún, sumó el interés que han evidenciado también los extranjeros. “En el caso de Arica e Iquique están llegando inversionistas bolivianos que buscan estas ciudades como lugares de veraneo”, destacó.
En el sur, en tanto, “se ha visto la llegada de inversionistas estadounidenses que se han dedicado a comprar islas en la Región de Los Lagos, especialmente en la zona de Chiloé”.
La normativa
El año pasado, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular las parcelaciones rurales, tras el conflicto derivado del boom de los loteos en distintas zonas del país. “La gestión del territorio vinculado al fenómeno de parcelaciones rurales tiene un sentido de urgencia tanto por el aumento exponencial de este modo de subdivisión del suelo –que abarca porciones relevantes del territorio nacional–, como por la precariedad del mecanismo en el que se sustenta”, se explicó en el mensaje presentado al Congreso.
La iniciativa -que está en primer trámite constitucional- permite la creación de conjuntos habitacionales rurales, estableciendo condiciones específicas, como destinar un porcentaje del predio a fines agrícolas o bien a conservación ambiental.
La otra arista de la normativa está orientada a robustecer las atribuciones de fiscalización y sanción ante vulneraciones a la normativa de subdivisiones prediales silvoagropecuarias.
Durante la pandemia y el auge del teletrabajo, el boom de los loteos experimentó un conflicto debido a un marcado éxodo de la ciudad al campo. A mediados de 2022, el Ministerio de Agricultura emitió un instructivo que restringió la aprobación de estas solicitudes, advirtiendo que se rechazarían aquellas en las que se sospechara un uso inmobiliario, medida que provocó disputas judiciales entre el Gobierno y distintos gremios.
De esta manera, desde que el Gobierno inició una batalla contra el exceso de parcelaciones rurales con fines habitacionales, la caída en las solicitudes de estas “parcelas de agrado” que explotaron en número durante la crisis sanitaria sobre todo en el sur del país, ha sido profunda.
Si en 2022 se certificaron 15.183 proyectos de subdivisión de predios rústicos, el año pasado cerraron en 7.774, mientras que a julio de este año suman 4.255. En tanto, hay otras 6.345 en proceso de evaluación.
El vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, planteó: “Resulta un verdadero contrasentido que en un país con paisajes tan privilegiados como Chile y con una creciente demanda por vivir o invertir en entornos naturales, no exista una normativa moderna que permita canalizar adecuadamente ese interés”.
El directivo dice que la actual regulación, que obliga a subdividir en parcelas de 5.000 m2 sin posibilidad de cambio de uso de suelo de rural a urbano, inhibe completamente el desarrollo planificado y sustentable de zonas con enorme potencial turístico. “El caso de Punta de Lobos es emblemático: un lugar de belleza excepcional, reconocido mundialmente por sus olas y su entorno natural único, con condiciones ideales para transformarse en un faro internacional del surf y del turismo de naturaleza. Sin embargo, las restricciones vigentes impiden cualquier tipo de planificación integral que compatibilice conservación con desarrollo, limitando oportunidades de inversión, empleo y dinamismo local”, señaló Gleisner.
Añadió que, con la norma actual, proyectos que podrían elevar el estándar del turismo -como ocurrió en su momento con el balneario Las Tacas- simplemente no son viables.
“Es urgente revisar esta regulación, porque mantenerla significa desperdiciar una oportunidad histórica para impulsar un desarrollo equilibrado, sostenible y de clase mundial en las zonas costeras y naturales del país”, afirmó.
La Fundación Terram -en su Balance Ambiental 2024- duda de que las medidas propuestas en el proyecto de ley sean adecuadas y suficientes para proteger áreas de alto valor natural y suelos fértiles para la agricultura. Esto, según la entidad, “considerando que el proyecto crea un nuevo mecanismo que regula la creación de Conjuntos Residenciales Rurales, artefacto antes inexistente que puede ser manipulado y aprovechado para que intereses privados continúen con parcelaciones agresivas con el medio rural”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
J. Troncoso Ostornol
{{/if}}
