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Alto contrasteACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la conformación de una comisión técnica para revisar el Estatuto Administrativo, norma que rige el empleo público desde 1989. El ajuste de gasto que impulsa el gobierno, en busca de una convergencia fiscal hoy imperiosa para la economía chilena, exige un Estado más eficiente, y en ese sentido la medida merece respaldo. Pero el imperativo de modernizar el empleo público no responde solo al equilibrio de las cuentas fiscales, sino a una transformación del mercado laboral que ya alcanzó a todos los sectores de la economía, de la que el Estado no puede seguir al margen.
La automatización, la digitalización y la inteligencia artificial han obligado a empresas de todo tipo a rediseñar estructuras y criterios de contratación y desvinculación. Los trabajadores del sector privado han debido adaptarse a esa transformación, muchas veces sin la estabilidad que hoy protege a un funcionario público. Pedir que el aparato estatal se someta a un estándar equivalente no es una imposición ideológica, sino que la consecuencia de un mercado del trabajo que cambió para todos los sectores de la economía.
La discusión no es nueva. En 2003 se creó la Alta Dirección Pública y el Servicio Civil, y en 2016 se perfeccionó ese sistema. Bajo Piñera y bajo Boric hubo otros intentos de modernizar el empleo público, pero ninguno alcanzó una transformación integral.
No es una imposición ideológica, sino la consecuencia de un mercado del trabajo que cambió para todos los sectores de la economía.
El diagnóstico detrás del anuncio de Quiroz no es controvertido entre los especialistas. La contrata, pensada como excepción transitoria, se volvió la puerta de entrada al empleo público. El sistema de calificaciones anuales perdió su función evaluadora, casi todos obtienen la nota máxima, sin consecuencias sobre ascensos o desvinculaciones. Tampoco la Alta Dirección Pública escapa a esa lógica, según cifras de Horizontal, el 49% de los directivos de primer nivel deja su cargo antes de cumplir dos años de una nueva administración.
Existe, además, una tensión jurídica pendiente. Desde 2016, Contraloría exige a la autoridad justificar por qué no renueva el contrato de un funcionario tras dos renovaciones anuales continuas, la llamada confianza legítima. En noviembre de 2024, sin embargo, el propio organismo se replegó de ese criterio y lo calificó de materia litigiosa. La protección de un funcionario a contrata es, por tanto, menos sólida de lo que parece.
La ANEF acusó descoordinación en el gabinete, porque el anuncio contradice la mesa sectorial que el presidente Kast comprometió en mayo con el Trabajo y el Servicio Civil a la cabeza. Además, la revisión la encabeza Hacienda, a diferencia de reformas anteriores.
Ninguna de estas objeciones invalida la necesidad de fondo. El Estado chileno no puede exigir a sus trabajadores flexibilidad, productividad y adaptación tecnológica si su propio marco laboral permanece anclado en una lógica de hace casi cuatro décadas. Pero la legitimidad de una reforma de esta envergadura depende tanto del diagnóstico como del proceso, y un cambio concebido únicamente desde la lógica financiera, sin la participación efectiva de quienes trabajan en el Estado, corre el riesgo de repetir la historia de sus predecesoras, buenos diagnósticos que nunca reunieron la construcción política necesaria para convertirse en ley.
