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Alto contrasteCrisis de pagos en vivienda social
La crisis financiera que golpea al sistema de construcción de viviendas sociales, revelada por DF a partir de la millonaria deuda que mantiene la cartera del ramo con desarrolladores, ha puesto en entredicho la seriedad de la gestión pública en materia de política habitacional y la credibilidad del Estado como contraparte. El problema afecta a inmobiliarias, constructoras y proveedores de todos los tamaños y regiones, cuyo impacto finalmente recae sobre las familias vulnerables y de menores ingresos que esperan acceder a una vivienda digna.
La industria estima en US$ 1.000 millones la deuda del Minvu, correspondiente a estados de pago, anticipos de proyectos, compras de terrenos y suministros. Actores del sector advierten riesgos de quiebras, reorganizaciones y encarecimiento financiero, con un efecto directo sobre la oferta futura. De acuerdo con correos electrónicos a los que accedió DF, el propio ministerio ha reconocido “no contar con disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente para concretar los pagos autorizados”. Y aunque anunció un decreto de modificación presupuestaria para habilitar nuevos recursos, no hay certeza sobre su emisión ni su fecha.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha eludido entregar el monto oficial de deuda, aunque no desconoce que existe. El titular de Vivienda, Carlos Montes, ha hablado de una “interpretación equívoca” sobre cómo se registrarían presupuestariamente los compromisos, mientras que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha dicho que se trata de “descalces normales”. Más allá de estas declaraciones, que no transparentan la dimensión del problema, lo cierto es que difícilmente se puede gestionar una política pública con opacidad sobre los pasivos acumulados, el stock de obligaciones y las empresas y proyectos afectados.
El Plan de Emergencia Habitacional, lanzado en 2022 con la meta de 260 mil viviendas, ha alcanzado las 214 mil unidades a agosto, logro que pierde valor ante un déficit financiero que podría amenazar la continuidad del programa. El sector de la construcción, que viene saliendo de una crisis prolongada, con márgenes estrechos y alto endeudamiento, enfrenta ahora un riesgo adicional de insolvencias. Se trata de una actividad que aporta empleo masivo, dinamiza encadenamientos productivos y es esencial para cualquier estrategia de crecimiento sostenido. Que los compromisos del Estado no se cumplan debilita la confianza empresarial y genera incentivos perversos para que las firmas más sólidas restrinjan su exposición a los proyectos sociales, afectando a toda la cadena.
La controversia ha surgido en la antesala de la discusión del Presupuesto 2026. Un marco fiscal sin claridad sobre el monto real de las deudas no solo posterga la solución, sino que traspasa el problema al próximo gobierno. De allí la urgencia de que la actual administración regularice estos compromisos y entregue certidumbre financiera al programa, de modo que la política habitacional no sume un nuevo pasivo oculto al balance del Estado.
